Redacción DHSF
Espinar y Chumbivilcas son las provincias que concentran el mayor número de conflictividad socioambiental en la región Cusco, la cual registra 20 casos de conflictos sociales de los 218 reportados a nivel nacional por la Defensoría del Pueblo.
De los 20 conflictos sociales registrados en el mes de octubre, dos son nuevos. De este total, 16 se encuentran activos y hay cuatro en estado latente. Se han identificado cinco casos en alerta temprana, tres en Espinar, uno en Chumbivilcas y otro en Cusco, que merecen una intervención prioritaria por parte de las autoridades competentes.
De los 16 activos, 14 son de tipo socioambiental, principalmente, en las provincias de Espinar y Chumbivilcas vinculados a la operación de las empresas extractivas MMG Las Bambas, Hudbay Perú y Glencore Antapaccay. Uno es de competencia del gobierno nacional, dado que se exige la reorganización de la Empresa Nacional de la Coca S.A., y otro referido a otros asuntos.
Y, respecto a los cuatro conflictos latentes, dos son de tipo comunal, uno por asuntos de gobierno nacional y otro por demarcación territorial.
En la región, los dos nuevos casos registrados en octubre se ubican en las provincias de Espinar y Chumbivilcas, ambos de tipo socioambiental. En Chumbivilcas, la comunidad campesina de Tuntuma reclama a la empresa minera MMG Las Bambas la renovación de convenio de cooperación que incluye algunas demandas y exige al gobierno nacional a través de sus ministerios el financiamiento de proyectos de desarrollo para la comunidad. Por otro lado, en Espinar, las comunidades campesinas del distrito de Coporaque señalan supuestos incumplimientos de acuerdos por parte de la empresa Minera Las Bambas. Asimismo, solicitan a la empresa un aporte económico anual para el distrito y la entrega de dos tractores agrícolas.
Además, la Defensoría del Pueblo, en su último “reporte de conflictos sociales” correspondiente al mes pasado, ha identificado cinco casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales en el Cusco, dos de ellos son de tipo socioambiental, uno por cultivos ilegales de hoja de coca y dos por asuntos de gobierno nacional. Los casos de tipo socioambiental son registrados en la provincia de Espinar, el primero se reporta en la comunidad Nueva Ccoccareta, la cual señala que las actividades mineras en Espinar han afectado por muchos años el río Ccoccareta y actualmente se encuentra en las instalaciones mineras de la empresa Antapaccay, habiendo sido modificado su curso lo que les impide el acceso a dicho recurso. El segundo, da cuenta que los pobladores del distrito de Occoruro bloquean tramo de vía del corredor vial Sur, exigiendo la culminación de las obras del tramo San Genaro-Negromayo abandonadas por el consorcio Vilcanota II y la presencia de representantes del Estado y de las tres principales empresas mineras que usan el corredor vial (Antapaccay, Hudbay Perú y MMG Las Bambas) para abordar el problema.
Respecto a las acciones colectivas de protesta registradas, en Cusco se produjeron 26 en octubre.
Como se puede observar en el mencionado reporte, Espinar y Chumbivilcas arrastran desde años atrás demandas no atendidas y hay otras que van surgiendo a raíz de la convivencia con las empresas extractivas mineras.
