La política de los últimos gobiernos ante la minería ha estado enfocada en salvaguardar los intereses económicos de las empresas mineras; convenios con la Policía Nacional, Estados de Emergencia, contaminación y un clima de impunidad son aspectos que se reproducen en la cotidianidad y/o relación entre las comunidades campesinas de Espinar y la empresa minera Glencore Antapaccay.
Este escenario de tensión ha saltado a la vista los primeros días de abril de este año; las fotografías eran impactantes por la violencia que expresaban, mujeres tendidas en el suelo, rostros de indignación e impotencia, ellas haciendo frente a maquinarias pesadas y miembros de la PNP indolentes.
El 3 de abril la empresa minera Glencore Antapaccay estaba realizando trabajos en el único río que tiene la comunidad de Alto Huarca y San José, el río Juto; ante la falta de comunicación y de transparencia en las acciones que impulsa la minera, la familia Coaquira Umasi –alrededor de ocho mujeres- empezó a cuestionar el proceder de las maquinarias en el río, pidiendo explicaciones.
Llama la atención que la respuesta a este acto espontáneo ya estaba preparada; la Fiscal Adjunta de Espinar, Delia Avendaño Yucra –a través del oficio N° 546- ya había pedido al comandante de la PNP designar “siete efectivos” para que Restablezcan el Orden; sin embargo la predisposición y buena voluntad de la policía fue delegar a alrededor de 30 efectivos policiales. En menos de media hora se mezcló la prepotencia del personal de seguridad de la empresa minera, la impunidad con la que actúa la policía y la impotencia de las mujeres de Alto Huarca, la violencia que se impuso contra ellas fue noticia nacional y ya no había nada que ocultar, las imágenes hablaban por sí solas.
Fortunata Maria Huaquira Umasi de la comunidad Alto Huarca estuvo presente ese día y nos ha explicado que su principal motivación para hacer frente a las maquinarias de la empresa minera y a la PNP fue proteger el río de la comunidad, “por atajar el agua hemos sufrido agresión por parte de la policía y personal de la minera, quieren llevarse el agua en tubos y convertir esta zona en desmonte, vamos a ser perjudicadas ocho familias que solo vivimos del ganado, la chacra y artesanía”, indicó Fortunata Huaquira.
Quienes también se encuentran preocupados por los trabajos que viene desarrollando la minera en el río Juto, en la comunidad de San José, su presidente Serafín Carlos Yupanqui ha indicado que son ochenta familias que no tienen agua potable y que su consumo del líquido vital es del río y de los manantes, incluso indicó que ahí pescan truchas. Les llama la atención que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) haya dado autorización a Glencore
Antapaccay para que encaucen este río, sabiendo el uso que le dan las comunidades. Dionisia Chilo Ugarte de la comunidad de San José de manera clara enfatiza, “solo tenemos el río para el consumo humano y de animales, ahora la mina quieren llevarselo, la minera no ha dado explicaciones a donde va llevar el agua y ya han metido maquinarias; lo único que queremos es que se respete el río, que nos respete la minera”.
La comunidad de Alto Huarca está catalogada como Comunidad Campesina Quechua (R.S. s/n Ficha: 1279) dentro de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, y el río Juto estaría considerada como zona intangible por el Ministerio de Cultura. En esta zona se encuentra una cueva por donde pasa el río, cuenta con una fauna y flora diversa, es una geografía muy hermosa que atrae turistas y exploradores; es un paisaje que se va desdibujando mientras sus límites con la empresa minera se acortan, subir al cerro más alto de la comunidad es chocarse con la disputa de dos paisajes; por un lado la imponente naturaleza y a lado grandes agujeros -tajos- dispuestos a cubrir más territorio. La empresa minera no solo genera un clima de tensión con las comunidades aledañas, su poder también genera desencuentros con el ambiente natural.
Como se sabe el proyecto minero Antapaccay de la Suiza Glencore extrae concentrado de cobre en la zona, y actualmente se encuentra en fase de expansión del tajo norte, por ello vienen aperturando nuevas vías internas para la circulación de sus vehículos. No es la primera vez que los pobladores denuncian estos abusos.
El 09 de abril Rocío Del Pilar Coaquira Umasi, Fortunata María Coaquira Umasi y Francisca Isabel Umasi Ihue han pedido al decano de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cusco, Dr. Walter Becerra Huanaco, se realice investigaciones en contra de la Fiscal Adjunta de Espinar, la abogada Delia Avendaño Yucra no quiere recibir sus denuncias o si las recibe no quiere diligenciar.
Con el acompañamiento de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), al decano de la Junta de Fiscales se le ha pedido iniciar investigaciones legales en contra de la Fiscal Adjunta de Espinar por haber ordenado una intervención policial que ha generado excesos; asimismo se incluya en las investigaciones al personal de seguridad de la empresa minera.
En la carta dirigida a la Presidencia de la Junta de Fiscales textualmente menciona: “Nosotros somos posesionarios del predio Cetu, en la comunidad campesina de Alto Huarca y como tal se debe respetar nuestra posesión, pero sobre todo, lo que pedimos además es que se respete nuestros acceso al agua, de una fuente de agua cerca al lugar donde vivimos. La empresa minera pretende quedarse con esta agua. No imaginamos nuestras vidas sin nuestro predio y mucho menos sin acceso al agua. No tendríamos para comer y nuestros animales se morirán, no tendríamos también el agua para nuestra pequeña agricultura”, advierte la familia Coaquira Umasi de la comunidad de Alto Huarca.
Hasta la fecha no hay una respuesta a la carta por parte de la Junta de Fiscales del Cusco, no se ha identificado responsables, menos se han dado sanciones; los que si respondieron fue la Dirección de la VII Macro Región Policial Cusco – Apurímac, la institución policial mandó una carta notarial a DHSF para que se rectifique de las imágenes y
videos de la agresión en Alto Huarca que denunció en sus redes. Para el General Max Iglesias el material difundido atenta contra el honor, prestigio, imagen institucional y buena reputación del personal de la PNP. Esperamos se aclare estos hechos y la comunidad de Alto Huarca, tan cerca del cielo andino, por fin alcance justicia y pueda vivir en paz
