El 26 de noviembre, se llevó a cabo una reunión con periodistas de Cusco en la que participaron los abogados de Derechos Humanos Sin Fronteras, junto a dos víctimas de criminalización de la comunidad originaria Urinsaya. En el encuentro, se expuso cómo el proceso legal iniciado por la Fiscal de Espinar está afectando a dos comuneras y ocho comuneros de la comunidad. Durante el conversatorio, los periodistas recibieron la siguiente información:
Contexto
En enero del 2020, la comunidad originaria de Urinsaya, del distrito de Coporaque en Espinar, se movilizó para denunciar la contaminación ambiental e incumplimiento de acuerdos firmado con la empresa minera MMG Las Bambas por el uso de su carretera comunal. La situación se agravó cuando el gobierno emitió la R.M. N.º 054-2019-MTC, reclasificando la vía comunal a vía nacional sin consulta previa, violando derechos reconocidos por el Convenio 169 de la OIT.
Bajo ese escenario, la fiscal de Espinar Carmen Rosa Salas Achircana acusó a dos comuneras y ocho comuneros de Urinsaya por el presunto delito de secuestro tras la denuncia interpuesta por un trabajador de una empresa de seguridad contratada por la minera Las Bambas. Algo que no tiene coherencia es que el supuesto agraviado no conoce a ninguno de los acusados. A pesar de la falta de pruebas y graves irregularidades en la investigación, como la realización de diligencias sin la presencia del abogado defensor de los acusados, la Fiscalía ha solicitado penas de hasta 20 años de prisión y una reparación civil de diez mil soles.
¿Cuál es el estado del juicio oral?
El Ministerio Público desestimó la acreditación de comuneros calificados como medio probatorio, argumentando que se trata de una prueba impertinente y ajena a los hechos del caso. Sin embargo, este argumento transgrede lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. Además, en la mayoría de las sesiones, la fiscal de Espinar, Carmen Rosa Salas, ha solicitado de manera constante al colegiado que las audiencias no sean públicas. Esta solicitud carece de fundamento legal, ya que contravendría los principios fundamentales del juicio.
Además, en una de las sesiones, el denunciante afirmó categóricamente que nunca presentó una denuncia por secuestro. Ante esta situación, surge la interrogante: ¿quién realmente presentó la denuncia?
¿Qué patrones de criminalización presenta el caso Urinsaya?
En este caso, tiene el patrón de criminalización por participar en la protesta social. La mayoría de los imputados ocupaban cargos dirigenciales. En muchos casos, el proceso penal incluye a los familiares de los investigados a pesar que estos no hayan participado en la protesta social. A menudo, se les asigna un papel que nunca desempeñaron, lo que genera angustia y afecta la estabilidad emocional, tanto de los familiares como de los investigados.
¿Quiénes están criminalizados?
Comuneras y comuneros que se auto reconocen como personas defensoras de derechos humanos y del territorio: Brígida Huamaní Huillca, Matilde Huamaní Ccompi, Gregorio Zinanyuca Quispe, Jorge Kana Taco, Isaias Kana Huillca, Guillermo Kana Chuma, Guillermo Hermogenes Quispe Taco, Roger Choqqueccotta Qquehue, Santos Gregorio Arphi Quise y Abel Kana Quispe
Es importante resaltar que el caso Urinsaya cuenta con cuatro veedurías importantes: Las Naciones Unidas, la Clínica Jurídica de la Universidad Nacional San Antonio Abad, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDASEP). Es fundamental que el colegiado sea consciente de que este proceso está siendo monitoreado tanto a nivel nacional como internacional.
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