Redacción DHSF
La última audiencia del juicio contra 10 defensores/defensoras criminalizados de Llusco, provincia de Chumbivilcas, culminó ayer con la presentación de alegatos finales y la programación de la lectura de sentencia de segunda instancia.
Este grupo de dirigentes es acusado de cometer diversos delitos durante las protestas de diciembre 2011 y febrero de 2012 en rechazo a la contaminación ambiental ocasionada por la empresa ANABI S.A.C, sancionada múltiples veces por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa).
Durante la diligencia de alegatos finales, la defensa de los dirigentes dejó en claro que, si bien se constataron los hechos delictivos contenidos en la acusación fiscal durante las protestas contra la empresa minera como son disturbios, robo, daños agravados y otros, no se ha podido demostrar que fueron los dirigentes acusados en este proceso quienes cometieron dichos actos delictivos. Por el contrario, se evidencia el uso del derecho penal como una herramienta utilizada contra los enemigos políticos de la empresa, los y las dirigentes sociales que acompañaron a la población e hicieron eco de sus demandas.
Los abogados de la defensa señalaron que en la sentencia de primera instancia se recomendó que se investigara al responsable del Ministerio Público por las deficiencias de la acusación presentada en contra de los imputados.
Por su parte, el magistrado Eduardo Sumire cuestionó que el Ministerio Público solicitara la anulación de la sentencia de primera instancia sin sustentar argumentos válidos que permitieran dicho acto. A la vez, recordó al fiscal Efraín Quesada Vélez que el colegiado de segunda instancia no tiene como tarea valorar nuevamente las pruebas actuadas en la primera instancia.
Vale recordar que el Ministerio Público inició proceso penal contra los defensores/defensoras en el año 2012. Después de 8 años, el Juzgado Penal Supraprovincial de Cusco los absolvió; sin embargo, el Ministerio Público apeló la sentencia de primera instancia.
Antes de finalizar la audiencia, el juez programó la lectura de sentencia para el próximo 4 de febrero del año en curso.
