En una nueva resolución del caso Gamboa García vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado peruano debe garantizar que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos puedan seguir siendo representadas libremente por las organizaciones que las acompañan, sin temor a sanciones o represalias.
Esta decisión se da en el marco de las medidas provisionales solicitadas por APRODEH y COMISEDH el 7 de abril, ante el riesgo identificado por la Corte respecto a la posible aplicación de la Ley N.º 32301 (Ley APCI) y su impacto en el acceso a la justicia.
¿Qué dijo la Corte IDH?
- El Estado peruano deberá garantizar que la representación legal en favor de las víctimas pueda ejercerse libremente por COMISEDH y APRODEH en todas las etapas del proceso internacional, de modo que no se vean expuestos a ningún tipo de represalia por la Ley APCI (Ley N.º 32301).
Que la posibilidad de sanciones podría poner en riesgo el derecho de las víctimas a una defensa legal.
- Reafirma que las víctimas tienen el derecho a elegir libremente quienes las representen ante el Sistema Interamericano.
¿Qué es el caso Gamboa García vs Perú?
Es un proceso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acompañara por organizaciones de derechos humanos COMISEDH y APRODEH en búsqueda de verdad, memoria, justicia y dignidad para Georgina Gamboa García, mujer indígena quechua, quien, con tan solo 17 años, fue detenida, torturada y fue víctima de violación sexual por parte de agentes de la Policía Nacional del Perú el pasado 17 de enero de 1981.
Pese a las reiteradas denuncias ante diversas autoridades que había sufrido una violación sexual grupal e informó que producto de la violación sexual se encontraba embarazada. Su hija nació el 19 de octubre de 1981.
Georgina Gamboa García, mujer indígena quechua de Ayacucho, Perú
Los hechos ocurrieron durante los operativos de la Comandancia de la Guardia Civil de Línea de Vilcashuamán, departamento de Ayacucho. A pesar de las denuncias, el Estado peruano no investigó ni sancionó adecuadamente a los responsables, lo que constituye una violación a sus derechos humanos.
Hoy, la Corte IDH ha tomado conocimiento de este caso de graves violaciones a los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas y las víctimas del conflicto armado. El Estado peruano debe responder por la vulneración de su integridad, libertad, vida familiar y acceso a la justicia, conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará. Este caso representa la lucha de muchas mujeres indígenas por verdad, memoria, justicia, reparación y dignidad.
Por Víctor Ligarda
