Durante la investigación, se han registrado múltiples irregularidades contra defensores territoriales
El Ministerio Público enfrenta severas críticas luego de que la Fiscal de la provincia de Espinar, Carmen Rosa Salas Achircana, solicitó una condena de treinta años de prisión y una reparación civil de diez mil soles contra miembros de la comunidad originaria de Urinsaya, ubicada en el distrito de Coporaque, provincia de Espinar, Cusco. La solicitud se relaciona con un incidente ocurrido en enero de 2020 durante una protesta social contra el Gobierno y la empresa minera MMG Las Bambas.
Origen del Conflicto
El 28 de enero de 2020, la comunidad de Urinsaya convocó un paro indefinido en rechazo a la empresa minera MMG Las Bambas y al Gobierno, exigiendo la anulación de la Resolución Ministerial N.º 054-2019-MTC, que reclasificaba una vía comunal como nacional. En ese contexto, el 30 de enero, comuneros identificaron a una persona desconocida fotografiando y grabando sus asambleas. Este individuo resultó ser Elvis Flores Maldonado, un trabajador de PROSEGUR contratado para brindar seguridad a la empresa minera.
Irregularidades en el Proceso
El 30 de enero de 2020, la Fiscalía de Espinar recibió la denuncia de que Elvis Flores había sido secuestrado por los comuneros. A pesar de que Flores se encontraba hospedado en una habitación de hospedaje desde el 27 de enero, la intervención fiscal ha sido cuestionada por diversas irregularidades. La Fiscalía detuvo a Virginia Ccaña, dueña del hospedaje, quien, según su abogado, fue forzada a declarar.
Durante la investigación, se han registrado múltiples irregularidades, incluyendo la realización de diligencias sin la presencia del abogado de los acusados y la falta de cumplimiento de peticiones de la defensa, como la ampliación de la declaración de la testigo Vicki Virginia Ccaña Ccolque y la revisión de un video crucial. Estas irregularidades han comprometido el derecho a una defensa adecuada y reflejan una posible arbitrariedad en la actuación de la Fiscalía.
Principio de No Criminalización
El caso también ha puesto en tela de juicio la aplicación del «principio de no criminalización» en Perú, que estipula que los fiscales deben realizar un análisis exhaustivo antes de presentar denuncias contra defensores de derechos humanos y del territorio para evitar su criminalización. Este principio parece no haberse aplicado en este caso, generando un debate sobre la protección de los defensores territoriales.
Próximos Pasos
El juicio oral está previsto para comenzar la última semana de agosto de 2024, marcando un nuevo capítulo en esta polémica y destacando la necesidad de un análisis más profundo y justo en casos que involucran a defensores de derechos humanos.
¿Quiénes están en el proceso?
Comuneras y comuneros pertenecientes a la comunidad originaria Urinsaya, por haber ejercido su derecho fundamental a la protesta social, por lo que se auto reconocen como personas defensoras de derechos humanos y territorio.
VIDEO: https://www.facebook.com/watch/?v=619927152097585
– Gregorio Zinanyuca Quispe, Brigida Huamani Huillca, Jorge Kana Taco, Isaias Kana Huillca, Guillermo Kana Chuma, Matilde Huamani Ccompi, Guillermo Hermogenes Quispe Taco, Roger Choqqueccotta Qquehue, Santos Gregorio Arphi Quise, Abel Kana Quispe.
Área de Comunicación e Incidencia Política – DHSF
