No obra ninguna denuncia policial, tampoco hay testigos; sin embargo, llegó a una etapa intermedia un hecho que ni siquiera tiene algún sustento jurídico.
Una de las estrategias de agresión contra defensoras y defensores de derechos humanos y el medio ambiente, especialmente en contextos extractivos, es la criminalización de sus defensores, tal es el caso del ex presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar – FUDIE, Hilario Ccamarccoa Arohuilca, quien el pasado 4 de marzo tuvo una audiencia más.
En enero del 2020, Ccamarccoa fue denunciado por el Estado peruano, por el supuesto delito de entorpecimiento de los servicios públicos, ya pasó más de cuatro años y el Ministerio Público no ha probado dicho delito ante el juez que lleva el caso.
Al respecto, en medio de la audiencia, el abogado Aroldo Vera de Derechos Humanos Sin Fronteras que lleva el caso de Ccamarccoa, dio a conocer que este hecho no debió ser formalizado por el Ministerio Público ya que no se ajusta el tipo penal, por tanto, no existe delito, sin embargo, Ccamerccoa fue denunciado simple y llanamente por ser dirigente; además, durante más de cuatro años solo lo mantienen en situación de investigado justificando insuficiencia probatoria, con el único afán de debilitar la organización social que él presidía, y que sea estigmatizado como dirigente.
Lo que llama la atención en este caso, es que no obra ninguna denuncia policial, tampoco hay testigos; sin embargo, llegó a una etapa intermedia un hecho que ni siquiera tiene algún sustento jurídico, ni en los hechos ni en los medios probatorios, indicó el abogado de la defensa, razón por la cual solicitó al Juzgado de Investigación sea declarado sobreseimiento el caso, es decir, se archive el proceso.
Durante las últimos protestas sociales, se ha podido observar que el Estado peruano ha utilizado la criminalización como una herramienta para silenciar a las y los dirigentes sociales, como dijo Claudia Samayoa, en un Foro Internacional sobre Criminalización, el objetivo de la criminalización es paralizar o debilitar la respuesta social, fabricar argumentos para desacreditar y estigmatizar las respuestas de defensoras y defensores de derechos humanos ante la injusticia o la ilegalidad; de modo que la sociedad se distancie de quienes son considerados criminales y de esta manera segregar a la sociedad, entre los que están dentro y los que están fuera de la ley. Las empresas y el Estado están con la ley y defensores y defensoras, en la respuesta social, estarían fuera de la ley.
Área de Comunicación e Incidencia Política – DHSF
