Redacción DHSF
La Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru (FARTAC) de Cusco exigió la declaratoria de emergencia al sector agrario a raíz de la crisis económica que atraviesan los hombres y mujeres agricultores por la pandemia del COVID-19, la cual pone en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades campesinas.
En una conferencia de prensa virtual, el presidente de la FARTAC en nuestra región, Víctor Raúl Mayta Frisancho, expresó su preocupación debido a que en la reciente campaña agrícola de papa, maíz, trigo, cebada, habas, entre otros, ha sido notoria la baja producción. Esta campaña – que inició en agosto del año pasado y termina este mes de junio- ha enfrentado dificultades en el transporte y comercialización de los productos por esta emergencia sanitaria. A la vez, las lluvias intensas y granizadas han impactado las áreas de cultivo. “No podemos vender y tampoco tendremos semillas para la próxima campaña agrícola”, sustentó el dirigente.
Esta crisis se extiende en todo el territorio peruano, se agrava aún más por la falta de apoyo de las autoridades del nivel nacional, regional y local a este sector. Los migrantes de provincias del interior están retornando al campo ya que perdieron sus trabajos en las ciudades por la coyuntura del COVID-19. “Los que retornan de Lima, Cusco, Madre de Dios, Arequipa no tienen parcelas familiares, no tienen los insumos, ni infraestructura ni asistencia técnica”, advirtió Mayta.
El dirigente se dirigió al Gobierno Regional de Cusco y al Consejo Regional de Cusco para que mediante un acuerdo se declare en emergencia el agro. Asimismo, pidió que se conforme una comisión de emergencia agraria en los tres niveles de gobierno.
RESPALDAN PETITORIO
El presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Clímaco Cárdenas, lamentó que este sector haya registrado pérdidas económicas millonarias en el país debido a que los productos agrarios no han podido ser comercializados. El cierre de los mercados comunales, dispuesto por las autoridades para evitar la propagación del COVID-19, ha afectado a los pequeños productores de Cusco, quienes recurrían a estos lugares a vender su cosecha directamente a los compradores. “Esta población es altamente vulnerable y no ha tenido acceso a bonos rurales…”, declaró.
El congresista Lenín Bazán, quien es presidente de la Comisión de Pueblos Amazónicos y Andinos, se comprometió en apoyar la propuesta de la FARTAC ante el congreso. “Estamos presentando un proyecto de ley para crear un fondo de salvataje para el pequeño agricultor (…), lo estamos ingresando para el pleno próximo. También (otro proyecto de ley) para promover y obligar a las entidades del Estado promuevan los mercados agropecuarios…”, explicó.
Por su parte, Elisa Chaparro, presidenta de la Asociación Provincial de Mujeres Warmikuna T’ikarisun de Paruro, demandó al Estado acceso a créditos sin intereses, para impulsar la agricultura familiar, la cual provee del 70 % de alimentos en el país. “Pedimos un precio justo para nuestros productos, el esfuerzo de toda nuestra familia al trabajar la tierra es solo para sobrevivir (…), los intermediarios nos han pagado el precio que han querido”, sostuvo.
Asimismo, Percy Perales, secretario general de la Federación Provincial de Campesinos de La Convención y Yanatile, planteó al gobierno regional y local la formulación proyectos que garanticen la seguridad alimentaria y sistemas de riego. “La agricultura está dándonos de comer, no queremos que cuando termine este virus, el hambre empiece a golpear nuestros territorios”, puntualizó.
CHUMBIVILCAS Y ESPINAR
Luciano Ataucuri, secretario general de la Federación Interprovincial de Defensa Territorial y Ambiental de la provincia de Chumbivilcas, Cotabambas, Espinar, Paruro y Grau, calificó de preocupante la situación de Chumbivilcas. Alrededor de 79 comunidades campesinas dedicadas a la agricultura deben enfrentar restricciones por parte de la Policía y el Ejército cuando intentan retirar su cosecha y comercializar sus productos agrarios. “No hay acceso al mercado, no hay medios de transportes y hay mal trato de la policía y del ejército. Algunos (comuneros) son iletrados, no saben sus derechos y tienden ser sumisos ante la autoridad”, expuso.
A esto se suma que los subsidios por parte del Estado en esta cuarentena nacional no han llegado a estas comunidades y tampoco hay alguna institución que les oriente qué hacer. “Como no reciben bonos, de qué viven, no tienen otros ingresos (…). Son comunidades campesinas que tienen que caminar de 5 a 6 horas para ir a la capital de la provincia”, indicó Ataucuri.
En Espinar, la integrante de la Asociación de Mujeres Defensora del Territorio y Cultura K’ana, Elsa Merma, dijo respaldar el petitorio de la FARTAC. “Las municipalidades a través de la Gerencia de Desarrollo Económico deberían llegar a las comunidades e informar. Siempre las comunidades olvidadas y la producción agropecuaria olvidada”, declaró.
Similar es el panorama en el resto de las provincias de nuestra región, por lo que se espera el pronunciamiento de las autoridades frente al petitorio de la declaratoria de emergencia.
