Por Blga. Karem Luque – Área de Derechos Colectivos y Medio Ambiente – DHSF
Durante las últimas semanas hemos asistido a un escenario político marcado por enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo a causa de las reformas políticas en materia de lucha contra la corrupción promovidas por el gobierno de Vizcarra. El enfrentamiento llego a su punto más álgido cuando el Ejecutivo planteó la cuestión de confianza, que puso nuevamente en jaque al congreso fujimorista. Al final, el Congreso decidió otorgarle el pedido al Ejecutivo; aunque ya sabíamos que era evidente, y que probablemente las ansiadas reformas van a tener que esperar un tiempo más para su discusión.
Si bien reconocemos la importancia de la reforma política y de justicia, no se le da el mismo trato al tema de educación o salud, estas reformas no son urgentes para el Ejecutivo, y mucho menos para el Congreso. En ese sentido, es de conocimiento público que, desde hace varios años, muchas poblaciones afectadas por metales tóxicos1 han pedido, en todas las formas posibles, ser atendidos por profesionales especializados en toxicología. Sin embargo, sus pedidos no han sido tomados en cuenta por ninguna de las autoridades de turno.
En ese marco queremos resaltar algunos avances y retrocesos en materia de atención a los afectados por metales tóxicos y en la generación de políticas públicas a nivel nacional y local, concretamente a partir del caso de Espinar.
1) Plataforma Nacional de Salud y su paso por algunas instancias de gobierno
Hace 2 años a partir de una articulación de luchas y resistencias se conformó la Plataforma Nacional de Afectados por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. Este grupo, conformado por 9 zonas del país (entre amazónicas y andinas), acompañada por una mesa técnica en la que DHSF participa, se reunió en Lima el pasado 14 y 15 de mayo para evaluar avances y/o desafíos en cuanto a las respuestas del gobierno nacional, regional y local, y sí alguna de estas había brindado algún tipo de atención especializada o integral a las comunidades impactadas por proyectos mineros e hidrocarburíferos. Así mismo este grupo de afectadas/os se reunió para dar seguimiento a las demandas que han hecho llegar al Ministerio de Salud, Defensoría del Pueblo y Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afrodescendientes, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República, y así ser informados según nivel de decisión.
Las respuestas que nos dieron fueron relativamente aleatorias, desde la perspectiva de procesos efectivos, en la CPAAAAE se resaltan dos acuerdos: Se está promoviendo la conformación de una comisión multisectorial que aterrice un documento de política pública en favor de los afectados de salud, esta comisión la conforman 10 viceministerios, sin embargo no se ha invitado a la sociedad civil para formar parte de ella; y a inicios del mes de julio se realizará una audiencia pública en el marco de presentar los avances que tiene esta comisión para contribuir a la discusión de implementar políticas publicas en beneficio de la gran población contaminada por metales a nivel nacional.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo comunicó que están priorizando la elaboración de un informe defensorial sobre Residuos sólidos para el 2019, evidenciando que la problemática socioambiental desde el daño a la salud por metales tóxicos en zonas de conflictividad social no es de interés como para prestarle importancia y sugerir mejoras en el sistema de atención de salud al MINSA y a las entidades competentes.
Así mismo la reunión que se sostuvo con el viceministro de Salud pública, Dr. Neptalí Santillán Ruiz y sus asesores, recogió las principales preocupaciones de las y los afectados de salud, se reconoció que los problemas de toxicidad crónica o aguda son inespecíficos y que ellos desde el MINSA han promovido capacitaciones para médicos peruanos en el extranjero, sin embargo sólo uno de los participantes obtuvo nota aprobatoria. Además informó que a) El MINSA y el Centro para el Control y prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU están promoviendo un convenio para que los médicos del extranjero vengan a ofrecer sus servicios como especialistas al Perú; b) Pondrán más atención a los casos de anemia en zonas mineras, ya que estos casos deben recibir otro tipo de atención más específica y, c) para el caso de Cusco se comunicó que a más tardar en julio se está iniciando el Plan de Atención Integral que se implementará con médicos especialistas que viajarán hasta la zona.
2) El caso de Espinar y la participación de los afectados en espacios de “decisión”
A partir de los acuerdos que se tuvieron para reaperturar las mesas de dialogo en Espinar, se solicitó a la DIRESA Cusco realizar un informe detallado de los resultados emitidos sobre la calidad del agua de la PTAP Virgen de Chapi que provee del elemento a más de 60 mil habitantes de la zona urbana. Este nuevo informe propuso paradójicamente desconocer la primera recomendación que hizo la DIRESA a las autoridades competentes en noviembre del 2018, de tomar medidas inmediatas para prevenir el riesgo a la salud de la población de Yauri por la presencia de 4 metales (Aluminio, Arsénico, Hierro y Manganeso) en su agua potable. La DIRESA sostuvo que existió una mala interpretación de los resultados por parte del personal y que sí hubiese existido presencia de metales tóxicos, fue porque las muestras pudieron haberse contaminado durante su traslado.
Todo ello sigue generando incertidumbre y malestar en la población urbana, sin embargo, el abandono a las comunidades campesinas que conviven con proyectos mineros cercanos es aún más alarmante, pues, estas comunidades y los afectados de salud – con pruebas en mano – no fueron considerados como parte de miembros acreditados en la Sub mesa de Salud, ambiente, saneamiento y residuos sólidos que se reunió el pasado 23 de mayo, a pesar de que ellos se han autoconvocado y han solicitado formalmente su incorporación, recibiendo respaldo de autoridades nacionales para ser participes activos en la toma de decisiones. Algunos funcionarios de la Municipalidad inclusive manifestaron que esta discusión era netamente “técnica”.
No estamos de acuerdo en que se sigan excluyendo a las comunidades y la sociedad civil de participar libremente en estos espacios de decisión, ya que solo ellos saben lo que urge implementar para atenderlos eficazmente, la salud debería pasar también por una cuestión de confianza desde los afectados al gobierno, y este pedido seguirá latente para mejorar su calidad de vida y garantizar su derecho a la salud.
[1] Insistimos en referirnos como tóxicos a los metales pesados que ingresan al organismo de las personas, y que al ser un elemento xenobiótico, (Un xenobiótico es una sustancia química que se encuentra dentro de un organismo que no se produce naturalmente o se espera que no esté presente dentro del organismo), produce efectos que dañan la salud de las personas provocando un deterioro de los órganos internos que pueden ser de impacto irreversible.
