En agosto del presente año, inició el juicio oral contra diez comuneros de la comunidad originaria Urinsaya de la provincia de Espinar, que vienen siendo acusados de secuestro por la Fiscalía en medio de una protesta social. La comunidad se manifestaba en contra de la contaminación ambiental y el incumplimiento de acuerdos por parte de la empresa minera Las Bambas. La Fiscalía ha solicitado penas de hasta 20 años de prisión y una reparación civil de diez mil soles.
El lunes 21 de octubre se llevó a cabo la séptima sesión del juicio, en la que el Ministerio Público desestimó como medio probatorio la acreditación de comuneros calificados, argumentando que se trataba de una prueba impertinente y ajena a los hechos del caso. Al respecto, el Dr. Aroldo Vera, abogado de Derechos Humanos Sin Fronteras que representa a tres de los acusados, señaló que esta afirmación es incoherente, ya que la Fiscalía fundamenta la pena de 20 años de prisión precisamente porque no considera que los acusados pertenezcan a un pueblo originario.
El abogado Vera plantea este cuestionamiento basándose en el Convenio 169 de la OIT, un acuerdo internacional al que está suscrito el Estado peruano. En su artículo 10, el convenio establece que se debe considerar la cultura del pueblo originario al momento de emitir una sentencia. Por lo tanto, si se dictara una sentencia condenatoria, esta debería evaluar también medidas alternativas al encarcelamiento.
Por otro lado, el abogado de los defensores criminalizados destacó la importancia de que el Programa de las Naciones Unidas en el Perú (PNUP) actúa como veedor del proceso. Subrayó que es fundamental que los jueces sean conscientes de que están siendo observados a nivel internacional en lo que respecta al respeto de los derechos humanos.
Área de Comunicación e Incidencia Política – DHSF
