A pesar de los encomiables esfuerzos del Gobierno por proteger a las defensoras y defensores de la tierra y el ambiente, los patrones de amenaza y ataques en su contra se repiten en Cajamarca, Cusco, Ucayali y Madre de Dios, según lo señaló Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos. “Sufren de criminalización, acoso judicial, estigmatización, intimidación y uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas sociales”, indicó luego de una visita de 14 días a diferentes zonas del país.
Durante su visita al Perú, Forst se reunió con 450 defensoras y defensores de derechos humanos de diversas regiones, de los cuales el 40% eran mujeres.
Las personas defensoras de derechos humanos siguen estando en peligro, especialmente quienes protegen la tierra, los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas. “La creciente presión sobre los recursos naturales hace que los defensores y defensoras de derechos humanos corran un gran riesgo de ser afectados por agentes no estatales, como empresas y redes delictivas. Las defensoras de derechos humanos, que abogan por los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas LGBTI también enfrentan ataques de grupos conservadores y religiosos. Los periodistas que revelan escándalos de corrupción también son blanco de ataques”, dijo el Relator.
Por otra parte, el representante de Naciones Unidas enfatizó que “En las zonas rurales, los conflictos sociales y ambientales están intrínsecamente vinculados a patrones sistémicos de discriminación y a modelos de explotación de recursos naturales no sostenibles, a costa de los derechos de las comunidades afectadas y del medio ambiente (…) la falta de consultas previas efectivas, la corrupción y el papel de los actores informales y criminales son un caldo de cultivo para los conflictos sociales y la destrucción del medio ambiente”.
Forst celebró la adopción del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos, así como las medidas adoptadas para garantizar el Acuerdo de Escazú y el Plan Nacional de Derechos Humanos, y alentó al Gobierno a que asigne recursos humanos y financieros adecuados, además de asegurar la plena participación de las instituciones estatales y regionales en su aplicación.
Al cierre de su visita, Michel Forst lamentó llegar a la conclusión de que “un gran número de defensores de DDHH, y especialmente de los pueblos indígenas y las comunidades locales que defienden el medio ambiente, no pueden actuar en un entorno seguro y propicio”.
Redacción: OXFAM
