La Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Peruana –instituciones que tienen como centro de atención a la persona humana, la protección de sus derechos y las bases éticas de su desenvolvimiento en la sociedad– lamentan profundamente el perjuicio causado por la huelga de maestros a millones de escolares e invocan tanto a las autoridades del Poder Ejecutivo así como a los profesores poner fin al conflicto en el sector educativo.
Los profesores y las autoridades gubernamentales no deben perder de vista que la educación pública es un derecho innegociable de los estudiantes, y que su principal finalidad es la formación integral del ser humano, por lo que debe ser impartida con responsabilidad y oportunidad. Negarla, postergarla o afectar su calendarización, es una injusticia y al mismo tiempo una violación de un derecho fundamental que afecta a los alumnos de menores recursos y los pone en una mayor desventaja.
La extensión de este conflicto por más tiempo es la peor lección que autoridades gubernamentales y profesores pueden dar a la niñez y adolescencia de nuestro país. ¿Qué enseñanza estamos dando a los alumnos, si no somos capaces de resolver los conflictos y acabar con nuestras diferencias evidenciando nuestra vocación por el diálogo, y la priorización del bien común? Peor aún, si con esta conducta se afecta lo más preciado de un país: la educación de las nuevas generaciones.
Por ello consideramos un ineludible compromiso con nuestra sociedad y un imperativo ético y moral, poner fin a la huelga de maestros. La resolución del conflicto social magisterial debe lograrse a partir de la voluntad de los actores de priorizar el derecho a la educación de los estudiantes y armonizarlo con el derecho de los maestros a tener una profesión valorada por el Estado y la sociedad.
Reconocemos los logros alcanzados por el magisterio y el Poder Ejecutivo, al mejorar las condiciones laborales y remunerativas; y, los alentamos a que continúen en la valoración profesional de los maestros basada en el fortalecimiento de la carrera pública magisterial con formación continua y reconocimiento efectivo de méritos.
Finalmente, consideramos que dejarnos atrapar por el limitado enfoque de abordar la solución de este conflicto desde una perspectiva de vencedores o vencidos solo generará un perdedor: los alumnos de las escuelas públicas.
Por estas razones exhortamos a las autoridades y profesores a que con la urgencia debida, hagan su máximo esfuerzo para llevar acabo un diálogo genuino y eficaz para encontrar la mejor manera de implementar la política educativa.
