RED MUQUI, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para expresar lo siguiente:
- Lamentamos la actitud incongruente y prepotente del Gobierno del Señor Vizcarra respecto a la imposición del proyecto minero Tía María de la empresa mexicano-norteamericana Southern Peru Copper Corporation en el Valle de Tambo, provincia de Islay en Arequipa, como parte de una estrategia económica, que prioriza la aplicación de la “Agenda País” de la Confiep y la explotación sin control por parte de empresas extractivas de nuestros recurso naturales y que afecta derechos fundamentales de las comunidades y poblaciones ubicadas dentro o alrededor de esos proyectos mineros.
- El gobierno por palabras del propio Presidente busca una salida “dialogada” al conflicto que éste mismo ha generado al otorgar la “licencia de construcción” a la empresa, sin tener en cuenta la oposición abrumadoramente mayoritaria de la población, sin embargo, al mismo tiempo, abdica a su rol constitucional de garante de los derechos de las personas, asumiendo un papel de violador de derechos fundamentales, al dictar una serie de medidas y tomar decisiones que ponen en riesgo la integridad física, libertad personal y derecho a la legítima protesta social de la población de Valle de Tambo que ya sufre 10 años de constante asedio policial y agresión por el hecho de defender sus modos de vida basados en la agricultura, agroindustria y agroexportación.
- Desde Red Muqui habíamos ya alertado, que nuevamente el Valle de Tambo se podría convertir en un laboratorio de aplicación de medidas de criminalización y represión de la protesta social. En efecto, primero fue la aplicación de la figura delictiva de crimen organizado, a través de la Asociación ilícita para delinquir, tratando a los representantes de las organizaciones sociales, que son reconocidos como defensoras y defensores de derechos humanos (por el reciente Protocolo de Protección publicado por el Ministerio de Justicia y los tratados internacionales de derechos humanos), como si fueran una banda de delincuentes comunes, lo que incluso ha ocurrido recientemente en Arequipa con informes de inteligencia que los califica de “radicales y violentistas”.
- Finalmente se ha aplicado en el caso Tía María, el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales (ACN), arguyendo el riesgo de ser afectadas las instalaciones del Terminal Portuario de Matarani. La aplicación de la inconstitucional norma administrativa de Activos Críticos, que permite la intervención de las Fuerzas Armadas y con ello la “militarización” en un conflicto social, desnaturaliza el rol constitucional que éstas juegan en la defensa nacional, permitiendo que intervengan en el orden interno, tarea que compete, por mandato de la propia Constitución, a la Policía Nacional, con los riesgos que ello conlleva en el uso de armas de fuego de largo alcance, calificadas como letales y prohibidas, en una eventual represión.
- Hay que destacar que en la misión de observación de derechos humanos en la que recientemente RED MUQUI participó junto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Centros, pudimos comprobar in situ, pese a la negativa del Jefe de la Macro Región Policial en Arequipa, que la Policía Nacional si intervenía en la represión del conflicto con armas de fuego letales, de largo alcance y no sólo con armas disuasivas como establecen las normas sobre el uso debido de la fuerza, lo que fue corroborado por los propios policías a quienes entrevistamos en el cuartel Chucarapi en Valle de Tambo.
- A ésta medida se suma el lamentable rol que está jugando el Ministerio Público en Arequipa, que está abdicando de su obligación constitucional de investigar un hecho delictivo para perseguirlo penalmente y, por el contrario, solicita a los profesionales de la salud en Islay, que atiendan a personas heridas como consecuencia de las acciones de represión policial, que entreguen las prendas, restos de proyectiles de armas de fuego, etc. a la propia policía cuestionada por estar acciones brutales de represión, lo que, sin duda, pone en riesgo los medios probatorios para futuros procesos que puedan establecer responsabilidades en violaciones de derechos humanos de parte de la policía en su accionar.
Por todo ello exigimos el cese de los actos brutales de represión de parte de la Policía Nacional en contra de la población de Valle de Tambo que desde el año 2009 en la consulta popular que realizaron, ha mostrado en su abrumadora mayoría su rechazo a la imposición del proyecto minero Tía María, y que requiere de parte del gobierno del Presidente Vizcarra una decisión definitiva que dé un paso atrás en la pretensión de la empresa minera Southern y la CONFIEP, de imponer un proyecto con el uso de la fuerza; evitándose así un conflicto con consecuencias más graves, y generando una situación de pleno respeto del derecho de la población de Valle de Tambo a decidir sobre sus medios de vida y de expresarse públicamente.
