Por Abog. Ruth Luque Ibarra, Socia de Derechos Humanos sin Fronteras
La disolución constitucional del Congreso de la República, ha recibido el respaldo mayoritario de la población, esto se visibiliza en una última encuesta publicada por el Instituto de Estudios Peruanos IEP, donde el 84% está de acuerdo con la decisión del Presidente Vizcarra. Si bien el fujimorismo y sus aliados, aún intentan aferrarse a la precaria institucionalidad y apelan a formalismos legales para desconocer la disolución, es evidente que esto no pasará, e irremediablemente el 26 enero del 2020 todos los y las peruanas estaremos eligiendo nuevos congresistas.
En medio de esta situación y dado el nombramiento de un nuevo gabinete ministerial, todo indica que las cosas pretenden normalizarse, pues aparentemente el problema principal (cierre del Congreso) estaría resuelto. Ello no necesariamente es así, pues si bien el fujimorismo abusando de su mayoría ha venido utilizando el Congreso para privilegiar sus intereses, también no podemos negar que sólo al Ejecutivo le compete resolver varios temas que no ha enfrentado con transparencia y solvencia, y que más bien ha esquivado, y muy hábilmente se ha concentrado en el desprestigio del Congreso.
Entonces, ¿cuáles son los temas que el Ejecutivo no quiere enfrentar? Sin pretender hacer un listado de esos pendientes y mirando el sur de nuestro país, un aspecto prioritario es lo vinculado a los conflictos extractivos, específicamente la situación del corredor minero. No por nada, actualmente perduran las paralizaciones en diferentes ámbitos del territorio entre Apurímac y Cusco. A ello se suma la situación del Valle de Tambo, que sigue en paralización (mayor o menor) pero que en lo concreto no ha sido resuelto. Actualmente, la situación en el corredor minero se ahonda, pues el pliego de reclamos de las comunidades paralizadas exigen la nulidad del Decreto Supremo N° 011-MTC-2016, que reclasificó el tramo como vía nacional, y la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas en la provincia de Chumbivilcas, una situación que al parecer no se resolverá ni con una Comisión de Alto Nivel.
En este contexto, el Ejecutivo, ha optado por conformar la Comisión Consultiva denominada “Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible”, que según el artículo 2 de la Resolución Suprema N° 145-2019-PCM “tiene por objeto, proponer medidas normativas y de gestión, así como de política pública, para el desarrollo de actividades mineras sostenibles”, esto, desde mi opinión, muestra una actitud ambigua del Ejecutivo pues luego de conflictos de alta intensidad como los que se vieron en Las Bambas o Valle de Tambo, se hubieran esperado medidas y cambios muy específicos y más bien parece que se apunta a un listado de propuestas o iniciativas, que probablemente ingresaran en un largo debate en el Congreso de la República (período 2020-2021).
Es un hecho que la actual coyuntura política, impacta en el curso de las decisiones que se quieran tomar, por un lado no se sabe qué ministro o ministra liderara los diálogos respecto a casos como Las Bambas o Valle del Tambo, siendo lo único claro que la ratificación de Carlos Morán como Ministro del Interior, expresa una apuesta por la represión y estados de emergencia, como estrategia de salida, que no solo responde a esta gestión, sino que se encuentra instalada ya desde hace varios años y que conflicto tras conflicto suman dirigentes y personas que enfrentan largas investigaciones, que muchas veces se canalizan en juicios interminables, que terminan por afectar su vida personal.
El mensaje del nuevo premier Vicente Zevallos, en reafirmar que la política económica es lo central, apuesta por evidenciar que la prioridad está centrado en proteger la inversión y en consecuencia los intereses de las empresas, por ello no debe sorprender que en los siguientes meses se implemente el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que de manera clara ya fue destacado por la nueva Ministra de Economía, al señalar su compromiso es continuar impulsando los temas centrales, entre ellos el Plan Nacional de Competitividad y Productividad y el Plan Nacional de Infraestructura y la Política de Inclusión Financiera.
Frente a esta situación, en la que el Presidente Vizcarra lidera un amplio respaldo por el cierre del Congreso, debe quedar claro que existe una ciudadanía en el sur del país, cansada de no encontrar soluciones a las demandas que se exigen. En este escenario con elecciones de un nuevo Congreso por un período tan corto, existe una plataforma mínima que debe garantizarse: abrir una discusión seria sobre la necesidad de un nuevo marco legal para las actividades extractivas que involucre eliminar los convenidos de estabilidad tributaria, se fortalezca la institucionalidad y fiscalización ambiental y se promueva una efectiva participación ciudadana que permita una comprensión real de los instrumentos de gestión ambiental
