Hace menos de dos años el Ministerio de Salud (MINSA) reconoció públicamente, que el “asunto” de la contaminación de ciudadanas y ciudadanos, por metales tóxicos principalmente en zonas en donde se desarrollan actividades empresariales mineras, petroleras e industriales, es un problema de salud pública nacional.
Que el MINSA ponga en agenda la afectación de la salud humana por metales fue resultado de las luchas en varias partes del Perú. No podemos dejar de mencionar los constantes reclamos y movilizaciones de los afectados de la ciudad de Pasco, Espinar o La Oroya, así como las protestas de la comunidades indígenas amazónicas en la zona denominada Cuatro Cuencas o Chiriaco; lugares que en los últimos años han sido escenario de conflictos por la precaria atención para las víctimas de la contaminación.
En el 2017 estas luchas se encontraron para organizar e impulsar la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, la cual entendió que el reclamo por la salud ambiental y humana en las zonas impactadas por los proyectos mineros, petroleros o industriales, necesitaba de un trabajo colectivo y articulado para lograr una política nacional multisectorial e integral que pudiera impulsar una atención preventiva y especializada.
Para los integrantes de la plataforma queda claro que los estados de emergencia decretados en las zonas petroleras o mineras no son suficientes para solucionar un problema que tiene que ser asumido de manera multisectorial por el Estado, respondiendo con políticas, presupuestos, y personal capacitado en prevención y atención especializada para las personas afectadas por metales tóxicos a nivel nacional. La plataforma ha venido desarrollando diversas acciones de fortalecimiento organizativo, así como de denuncia y acciones para visibilizar su plataforma de lucha. Es importante destacar su participación en la V Audiencia de la Comisión de Pueblos Indígenas: “Avances para la prevención y atención integral de la afectación de salud por contaminación con metales pesados y oros asociados a minería e hidrocarburos”, así como la primera reunión nacional “Mujeres, territorios y salud ambiental” que contó con la participación de 30 mujeres de las provincias de San Mateo, Loreto, Bagua, Pasco, La Oroya, Lima, Melgar, Hualgayoc, Moquegua, Huancayo y Espinar, donde se logró el objetivo de construir una agenda de las mujeres rumbo al encuentro nacional.
El II Encuentro Nacional de afectados y afectadas se desarrolló bajo el lema “Salud, Territorio y agua para los pueblos”. Este tuvo como objetivo evaluar las principales acciones de los dos años de creación de la Plataforma, fortalecer la red de afectados y afectadas, y planificar acciones nacionales y regionales en los territorios en donde está presente la Plataforma.
Es importante resaltar que la Plataforma, a pesar de algunas voces pesimistas, ha logrado consolidarse como un espacio reconocido por el Gobierno y la Presidencia del Consejo de Ministros llevando la voz de los afectados y afectadas a nivel nacional. Fue así que el día viernes 4 de octubre, la Plataforma tuvo una importante reunión con la Presidencia de Consejo de Ministros en donde el viceministro Molina se comprometió a emitir el DS para instalar la comisión multisectorial a inicios de noviembre.
A pesar de estas diversas acciones que se han venido realizando, la agenda de lucha de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas sigue sin resolverse. En este momento dos son los temas centrales que la plataforma está demandando al Estado: la creación de La Comisión Multisectorial y el Abordaje Integral que debe asumir el MINSA para la atención de los afectados.
¡Una comisión multisectorial ahora!
La Plataforma Nacional viene solicitando una Comisión Multisectorial de naturaleza permanente, dada la magnitud y extensión del problema de salud humana y ambiental que se tiene en el Perú.
La propuesta de la Plataforma es que esta comisión esté adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y deba encargarse de elaborar un primer informe técnico que fundamente la propuesta del plan multisectorial de prevención y control de riesgos y daños relacionados con la exposición a metales pesados y sustancias químicas, así como del seguimiento, implementación, evaluación y cumplimiento del plan multisectorial de parte de todos los ministerios, de manera que se garantice el derecho a la salud de las poblaciones afectadas que buscan una atención preventiva, integral y especializada.
Atención que de verdad sea integral
La segunda demanda central de la Plataforma en estos momentos, es que se implemente una atención adecuada a las personas afectadas por metales tóxicos. Por ello en los últimos días hay mucha preocupación por la posibilidad de que se apruebe una directiva administrativa que no solucione el problema, sino que más bien perjudique lo avanzando hasta ahora en atención a las y los afectados. Si bien se reconoce que es importante una articulación e integración mayor de sectores y niveles de gobierno para el real cumplimiento de una atención integral, así como asegurar los recursos necesarios mediante una intervención desde los planes y presupuestos nacional y regional, es real que la débil rectoría del MINSA en cuanto a las políticas y programas nacionales y directivas para la identificación, priorización y atención de las poblaciones afectadas por la contaminación ambiental, no garantiza que el problema de la atención mejore en las zonas donde se requiere la implementación de un abordaje integral a las personas afectadas por metales tóxicos.
Por eso es importante que la aprobación de cualquier directiva esté respaldada con los mayores consensos, acuerdos formales, acciones de coordinación, mandatos normativos, compromisos y decisiones vinculantes que les permita efectuar las funciones y tareas con legitimidad y aceptación. Una acción conjunta multisectorial, multi e inter disciplinaria, que optimice el uso de los recursos y gane en eficiencia beneficiando a las personas afectadas por la contaminación.
En resumen, estos han sido dos años intensos de lucha de la Plataforma Nacional que nos deja varias lecciones para nosotros que venimos apoyando el proceso de construcción de un espacio de articulación nacional. La primera, es que a pesar de la fragmentación social es posible hacer alianzas, articular y sumar acciones a nivel nacional que permitan avanzar en la defensa de derechos, en este caso el de la salud ambiental y humana. Segundo, que es posible ir uniendo las agendas de las y los afectados de comunidades amazónicas y comunidades andinas en una sola agenda nacional. Tercero, que las mujeres afectadas tienen impactos diferenciados en el cuerpo y viven de manera distinta los impactos en el territorio. Sin embargo, tienen una importante fuerza movilizadora dentro del movimiento. Y por último, que es posible ir construyendo un movimiento nacional por la salud ambiental y humana en el Perú que busque una atención preventiva, integral y especializada de personas contaminadas por los metales tóxicos en el Perú•
