Por Marina Navarro Mangado Directora Ejecutiva Amnistía Internacional Perú
Un reciente informe de expertos de Naciones Unidas tras una visita al Perú concluyo que quienes defienden los derechos humanos y protestan por los impactos negativos de las actividades empresariales, pueden enfrentar la estigmatización y el uso indebido del sistema penal.
Las conclusiones del último informe de Amnistía Internacional, “Una receta para Criminalizar: Personas Defensoras del Ambiente, el Territorio y la Tierra en Perú y Paraguay”, son consistentes con estos hallazgos. En Perú, quienes defienden derechos humanos, en particular los derechos al territorio, la tierra y el medio ambiente, enfrentan campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados cuando se atreven a denunciar violaciones de derechos humanos.
Existe un sólido volumen de testimonios y evidencias sobre la “receta para criminalizar” a personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra. Esta receta está compuesta por tres ingredientes básicos: la estigmatización, el desalojo forzado de comunidades y la apertura de expedientes judiciales.
Como primer elemento, las autoridades y empresas recurren a campañas de estigmatización y a la represión violenta de las protestas para desacreditar y acallar las voces críticas de las personas defensoras de derechos humanos. Diversos relatos documentados dan cuenta de personas que por su labor fueron catalogadas como “enemigas” del desarrollo, terroristas, criminales, turbas, haraganes, etc. La utilización de lenguaje que tiene la intención de deslegitimar a activistas ambientales cobra gran relevancia, pues pone en riesgo a las personas defensoras y a quienes les prestan asistencia de tipo legal o en acompañamiento, ya que genera un ambiente favorable a ataques en su contra. “Dicen que somos el atraso del progreso”, señalo un líder comunitario en el Río Marañón.
Segundo, las autoridades aplican de manera arbitraria leyes y normas para desalojar forzadamente a comunidades Indígenas, campesinas o urbanas que reclaman su derecho al territorio y al medio ambiente. En Perú, por ejemplo, la figura de la defensa posesoria extrajudicial puede ser utilizada para desalojar forzadamente a comunidades de sus tierras. El caso de Máxima Acuña y su familia en la región de Cajamarca es una muestra de ello; ella y su familia consideran que las defensas posesorias son un ataque a sus bienes y a su forma de subsistencia. Por el contrario, la minera Yanacocha considera que hace un ejercicio legítimo de una figura legal.
El tercer y último ingrediente es el uso indebido de sistema de justicia. Se ha registrado que con frecuencia las personas defensoras del territorio, ambiente y los derechos humanos vinculados a la tierra enfrentan procesos judiciales infundados como una forma de hostigamiento y con el objetivo de silenciarlos. En muchas ocasiones, estos procesos se derivan meramente de su rol como líderes o lideresas comunitarias o del ejercicio pacífico de sus derechos humanos, y por su derecho a la manifestación pacífica.
Los efectos de estos procesos penales infundados son preocupantes: “así sea que me manden 30 o 50 años a la cárcel, estaré con orgullo porque no he engañado ni robado a mi pueblo”, expresa una mujer defensora en el contexto de la explotación minera Las Bambas, Apurímac.
En Espinar, por ejemplo, se encuentran los casos de Oscar Mollohuanca Cruz, Herbert Huamán y Sergio Huamaní Hilario, quienes enfrentan cargos por los delitos de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento de servicios públicos y disturbios. Las acusaciones de la Fiscalía en contra de los tres defensores se basan únicamente en su rol como líderes comunitarios, considerándolos automáticamente organizadores de las manifestaciones y responsables por cualquier daño o delito causado, conducta que se contrapone a las normas internacionales de derechos humanos.
En julio de 2017, el Primer Juzgado Unipersonal de Ica declaró inocentes a los tres líderes comunitarios, al considerar que la Fiscalía se limitó a realizar la acusación con ausencias para determinar la acreditación de la causa probable de un delito. Sin embargo, la reciente decisión de la Corte Superior de Justicia de Ica de anular la sentencia absolutoria e iniciar un nuevo juicio en su contra representa un duro golpe contra quienes defienden derechos humanos en Perú. Es también una muestra más de cómo las autoridades continúan aplicando la ley penal para hostigar y acallar a defensores ambientales. En lugar de criminalizarlos, las autoridades deberían tomar medidas oportunas y eficaces para protegerles.
En el contexto de la operación minera Las Bambas, Amnistía Internacional ha recopilado también información de que hay alrededor de 300 procesos legales contra defensores de derechos humanos desde 2010 por delitos como secuestro, coacción o bloqueo de canales de comunicación. Una situación similar enfrentan las personas defensoras en Cajamarca, donde aproximadamente 300 de ellas se enfrentan a procesos judiciales por oponerse al proyecto minero Conga debido a sus consecuencias ambientales potencialmente dañinas.
El reciente informe de Amnistía Internacional ha identificado también que existe gran desconfianza respecto a la parcialidad de las fuerzas de seguridad. En particular, organizaciones de la sociedad civil han destacado como fuente de tal desconfianza los Convenios de Prestación de Servicios entre empresas mineras y la Policía Nacional mediante los cuales la corporación de seguridad brinda servicios de seguridad a entes privados. Una de las principales preocupaciones de la sociedad civil se debe a la percepción de falta de imparcialidad ya que la autoridad presta sus servicios a las empresas, en particular, en el contexto de manifestaciones públicas y protestas sociales.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional ha suscrito 31 convenios para el cuidado de instalaciones estratégicas, entre las que están las zonas donde se desarrollan proyectos extractivos, de energía e infraestructura. El Ministerio del Interior anunció que iba a publicar todos los convenios, pero hasta la fecha no lo ha hecho. En el marco de una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo de 2017 sobre industrias extractivas en Perú, representantes del Estado peruano afirmaron que existían al menos 10 convenios vigentes, sin embargo no especificó cuáles eran.
Amnistía Internacional ha dirigido una serie de llamados al estado peruano a asegurar que las y los defensores de derechos humanos puedan realizar su trabajo en un ambiente seguro y propicio, de forma libre y sin miedo a sufrir represalias. Para ello, es urgente que se adopte una política pública de protección de las personas defensoras de derechos humanos tal como se define en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, en consulta con ellas y se reconozca públicamente, a través de declaraciones o campañas públicas, que el trabajo que realizan es legítimo e importante.
La adopción en marzo de 2018 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos Ambientales en América Latina y Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazú”, representa una oportunidad histórica para hacer cumplir el derecho humano a un medio ambiente sano y proteger personas defensoras ambientales en la región.
Por primera vez tenemos un instrumento vinculante orientado a asegurar la protección de las personas defensoras de derechos humanos. La firma y ratificación de este acuerdo por el estado peruano en setiembre de este año es un deber urgente.
