Por Jaime Borda – Director DHSF
Luego de dos días de intenso debate -el pasado 05 de junio- la cuestión de confianza presentada ante el Congreso de la República por el Premier Salvador del Solar, fue aprobada por 77 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. Como se sabe la cuestión de confianza fue presentada para los siguientes temas: 1. Impedimentos para ser candidato (sufragio pasivo). 2. Democracia interna y participación ciudadana. 3. Eliminación del voto preferencial y alternancia y paridad de género. 4. Inscripción y cancelación de grupos políticos. 5. Financiamiento de organizaciones políticas y, finalmente 6. Cambios sobre la inmunidad parlamentaria. Para muchos la cuestión de confianza aprobada por la mayoría fujimorista no es real, que en todo caso sabe a mecedora y que en última instancia las reformas políticas tal como están planteadas serán cambiadas según la conveniencia del fujiaprismo.
Por un lado, es importante que el Ejecutivo haya planteado estas reformas políticas, así como la reforma en el Sistema de Justicia, sin embargo, el debate no se puede sostener solo en estas reformas, y mucho menos centrar la confrontación casi convenida entre el Ejecutivo y el Congreso, la estrategia del “pecheo” permanente con el Congreso Fujimorista se está agotando, y mucho más sabiendo que no hay, ni habrá una real voluntad de reformar algo en este país desde el Congreso. En ese sentido el intento por “abrir la cancha” al debate ciudadano en estos temas por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil es importante, ya que muchas veces esta crisis solo se percibe en las altas esferas del poder. En la calle las agendas en este momento no necesariamente son estas, si bien en su momento todas estas reformas generaron movilización y apoyo ciudadano masivo, hoy esto ha cambiado, y en las regiones el descontento por el entrampamiento de estas reformas ya es evidente.
Las otras reformas aprobadas y que nadie conoce
Mientras el debate se centra solo en estas reformas, el gobierno de Vizcarra ya viene implementando las otras reformas políticas en materia económica, pero curiosamente sobre estas reformas nadie comenta nada, ni fue participativo y muchos menos informado. Estamos hablando del Decreto Supremo Nro. 345-2018-EF, que fue aprobado el pasado 31 de diciembre del 2018 por el Poder Ejecutivo, el D.S. en mención plantea la implementación de la “Política Nacional de Competitividad y Productividad” (PNCP). El documento tiene algunos datos interesantes en el diagnostico de la situación social y económica del país, por ejemplo, en una parte del texto se afirma que “el crecimiento económico durante los últimos años se ha tornado menos pro-pobre” (p16), es decir reconocen que el crecimiento económico no genera bienestar y que por el contrario las brechas se han acrecentado.
Sobre el mismo documento Rocío Silva reflexiona que las afirmaciones que se hace en el diagnóstico, pero que se contradice en sus propuestas: “El DS 345 habla de la necesidad de planificación, pero a su vez, le tiene pánico a la actividad planificadora del Estado. En todo el texto se citan innumerables estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y concluye que el Estado peruano debe de diversificar su actividad productiva (Perú es puesto 94/127 países en el Ranking de Complejidad Económica de Harvard), pero sigue apelando a la necesidad de un crecimiento basado en la exportación de materias primas sin valor agregado (léase minería). En otras palabras: el DS 345 es bipolar o, por lo menos, esquizoide.”
Otro de los aspectos cuestionados de la PNCP es la precarización laboral de los trabajadores, se busca flexibilizar el costo laboral, trabajadores más baratos, y con menos derechos. Contraviniendo de esta forma al Convenio 160 de la OIT, sin siquiera ponerlo a discusión en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo –CNTPE, por ello en el mes de enero del 2019 gremios, como la CGTP, han salido a marchar contra este Decreto Supremo. Pero el tema no fue cuestión de Estado para el gobierno de Vizcarra. Así las cosas, son muy convenientes para el actual gobierno y las inversiones privadas.
El relanzamiento de nuevos proyectos mineros en el surandino
Dentro de la Política Nacional de Competitividad y Productividad en efecto está el re-impulso de las inversiones mineras en el país, para el gremio minero hay una paralización en las inversiones mineras, y por lo tanto, éstas se deben destrabar desde el gobierno central. El caso de Las Bambas es un ejemplo de ello, el gobierno le está poniendo especial atención al caso, al punto de aceptar la mayoría de pedidos que vienen haciendo las comunidades y de modo particular la comunidad de Fuerabamba. En la línea de aprobar nuevos proyectos mineros están el proyecto La Tapada Tía María en Cocachacra (Arequipa), de la Southern Copper y la ampliación del proyecto Antapacay, extensión Tintaya integración Coroccohuayco en Espinar (Cusco) de la Suiza Glencore. Ambos proyectos son para explotación de cobre.
El caso de Tía María es la que ingresa a su fase final, el gobierno central y la empresa minera han señalado que el proyecto será aprobado en agosto, sin tomar en cuenta la posición de la población local, y sabiendo además que el conflicto el 2015 dejo como saldo 5 personas muertas y una decena de heridos. El proyecto no cuenta con la licencia social de la población y sobre todo porque la minería en la zona se contrapone a la actividad agropecuaria. Y no solamente está en cuestión la actividad económica diaria, sino el uso del agua, pues el principal temor de las comunidades es que sus principales fuentes hídricas sean contaminadas. Mientras tanto la Junta de Usuarios del Valle del Tambo ya ha anunciado una paralización indefinida para rechazar el proyecto.
En el caso del proyecto “Expansión Tintaya e Integración Coroccohuayco en Espinar” actualmente se ha abierto un espacio de dialogo entre las comunidades y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para discutir la implementación del proceso de consulta previa, aquí la posición de las comunidades no necesariamente es de rechazo del proyecto, la exigencia de las comunidades es que la empresa y el Estado cumplan con los compromisos pactados en años pasados, reparación de daños ambientales, que se atienda la situación de afectación de salud por metales tóxicos, entre otros. Si bien es importante que el MINEM acompañe este proceso de consulta previa, lo que se debe garantizar es que la gente tenga la suficiente información para decidir si quieren ampliar por tercera vez un proyecto minero que ya lleva más de 35 años en la zona.
Visto así, es necesario evidenciar que no podremos construir igualdad como país centrándonos en reformas políticas, cuando las reformas en materia económica se siguen focalizando en la explotación de recursos naturales y la precarización de los derechos individuales y colectivos
