Redacción DHSF y Pulso Regional
Hay tensión en la provincia de Espinar. Hay un conflicto activo por las agendas no atendidas de las 11 comunidades originarias, así como el pedido de un bono solidario, la reformulación del Convenio Marco y en torno al proyecto Integración Coroccohuayco (ampliación de la mina Antapaccay).
Desde el gobierno decidieron enviar un fuerte contingente policial a esta localidad, hecho que podría agravar la protesta social, puesto que en otras ocasiones la represión policial ha sido inminente. En estos momentos, los agentes se encuentran en la Plaza de Armas de Espinar.
La población de la provincia espera que se agilice la entrega de un segundo bono solidario, esta vez de S/2000, con fondos del Convenio Marco. Pese a que hay acuerdo por unanimidad en el Comité de Gestión, la determinación de los beneficiarios está siendo retrasado por el alcalde Arenas, a lo que se suma los problemas internos dentro del Frente Único de Defensa de los Intereses.
En la reunión del Comité de Gestión de ayer, el presidente de este ente, Lolo Arenas, dijo que la población electoral aumentó de 44,000 a 48,579 desde 2020 cuando se entregó el primer bono. A esta cantidad se debería sumar el número de estudiantes de educación superior y -por propuesta del Sucme- a las personas con discapacidad, lo que elevaría la cifra a más de 50,000. En consecuencia, la entrega del bono de S/2000 implicaría destinar aproximadamente 100 millones de los fondos del Convenio Marco.
Por ahora, los miembros del Comité de Gestión no se pusieron de acuerdo sobre quiénes serán los beneficiarios del subsidio económico. Por eso, anoche un grupo de ciudadanos hizo una vigilia en el frontis de la Municipalidad Provincial de Espinar pidiendo que el alcalde deje de poner trabas y agilice la aprobación del proyecto. Existe la sospecha de que Arenas pretende alargar el proceso para después de las elecciones y, después de eso, posponerlo hasta la siguiente gestión municipal.
¿POR QUÉ PIDEN BONO?
La mayoría de la población local y comunidades sostienen que no existen proyectos de desarrollado sostenible en estos 19 años, tiempo donde la empresa minera Antapaccay ha administrado los fondos del Convenio Marco a través de la Fundación Tintaya.
A parte del pedido del bono solidario, hay otras dos demandas de las organizaciones sociales y de las comunidades originarias que se han invisibilizado: Reformulación del Convenio Marco y reinicio del diálogo sobre la ampliación del proyecto Integración Coroccohuayco.
VULNERACIÓN DE DERECHOS
El mes pasado, en el cuarto día de protesta, efectivos policiales golpearon brutalmente a mujeres y varones, quienes ejercían su derecho a la protesta social en la plaza de armas. Las y los manifestantes pernoctaron y realizaron una olla común. Producto de la violencia, resultaron 4 personas heridas. Pese a lo ocurrido, la ausencia del Estado y el rol del alcalde no ha variado, es más, con la llegada de los policías se agudiza el contexto.
EL CASO COROCCOHUAYCO
Este conflicto social involucra a la minera Glencore Antapaccay. Once de las trece comunidades de la zona de influencia directa del proyecto Integración Coroccohuayco cuestionan que desde el Estado no haya compromiso, ni voluntad ni claridad en la implementación de la consulta previa para esta iniciativa minera, que es la ampliación de Antapaccay. Por tal razón, protestaron desde esta madrugada y bloquearon el corredor minero del sur. Un piquete interrumpió el paso a la altura del kilómetro 14, entre las comunidades quechuas de Huisa y Hanccolla.
“Esa misma falta de voluntad para atender la problemática de las comunidades se ve reflejada en la forma como se pretende culminar el proceso de consulta previa respecto al proyecto minero Antapaccay Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco. Este proceso ha sido abandonado por el Estado, llevándolo a convertirse en un mero acto administrativo sin que se garanticen los derechos de las comunidades, sin respetar el marco normativo de nuestro país y lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”, cuestiona la Asamblea Multicomunal por la Consulta Previa de Espinar.
Según los comuneros, el proceso de consulta previa se redujo a un acto administrativo en el que un grupo de funcionarios, sin poder de decisión, asuman compromisos a nombre de otros ministerios o sectores del Estado. Exigen que en este participen los titulares de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Cultura, etc.
Paralelamente, reclaman la implementación de un plan de reparaciones como se comprometió el gobierno. “Las comunidades seguimos sufriendo las consecuencias de los daños que siguen causando las operaciones mineras en el medio ambiente y la salud de nuestros hermanos”.
