Por: Helio Cruz –
Área Legal de DHSF
Son las comunidades campesinas o pueblos originarios que desde su creación ejercen la defensa de su territorio y el medio ambiente, manteniendo costumbres ancestrales como el agradecimiento a la tierra, agradecimiento al agua, su idioma, su historia conectada con la naturaleza, entre otros, que en ningún caso pretende dominar la naturaleza sino vivir en armonía.
Frente a la afectación del territorio y el medio ambiente, históricamente los pueblos originarios ejercieron su defensa, las comunidades despliegan toda una movilización social protestando contra la afectación ambiental y el cumplimento de acuerdos que surgieron como parte de la responsabilidad social ambiental en la explotación de recursos naturales.
Espinar, que es la nación K’ana, desde cientos de años ejerce resistencia y lucha por su dignidad. Sin embargo, el propio Estado ha decidido no atender sus demandas, sino más bien criminalizar sus derechos y dialogar con dirigentes sometidos a investigación.
El 21 de mayo de 1990, las comunidades campesinas de Espinar protestaron denunciando la expropiación de tierras comunales, los impactos de la minería, principalmente en el agua y exigieron, como parte de la responsabilidad social ambiental, se apruebe aportes al desarrollo de la provincia.
Desde entonces, el 21 de mayo, es denominado como el “Día de la Dignidad Espinarense”, que es la conmemoración del día de resistencia y lucha por la dignidad K’ana, también es una lucha cultural relacionado al territorio. La dignidad de los pueblos que hasta el día de hoy continúa siendo afectados de forma directa en la salud, en el ambiente contaminado, en el territorio expropiado, en el desplazamiento de familias, en la carencia de agua para consumo humano, en el encarecimiento del costo de vida, en la falta de acceso al trabajo, en la falta de transparencia del mineral que se extrae, entre otra larga lista de daños sin reparación integral.
Ante toda esta afectación de derechos de pueblos originarios en Espinar, el Estado responde con estados de emergencia para enfrentar a la población movilizada militarizando la zona para reprimir las protestas, ha criminalizado derechos investigando y sometiendo de defensores en juicios, el caso más reciente ha sido llevarlos hasta la Corte Superior de Justicia de Ica, fuera de la jurisdicción de Cusco.
El diálogo entre el Estado y las comunidades sigue manteniendo una lógica vertical, es decir, no escuchar las denuncias y demandas de las comunidades que viven al entorno minero, sino imponer agendas para resolver o ganar mayor tiempo.
Algunos de los derechos colectivos que no se respetan son la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, así como el derecho de participación ciudadana y acceso a la información socializada de estudios de impacto ambiental. Esto también constituye en una forma de negación a los pueblos originarios al no cumplir con los estándares internacional que surgieron con el Convenio Nro. 169 de la OIT y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, debemos resaltar que a partir de la indignación las defensoras y defensores se fortalecen más, tiene una mayor participación quienes al día hoy se ponen al frente de la movilización para seguir exigiendo el cumplimiento de acuerdos del Estado y la empresa minera, así como denuncian la contaminación ambiental y los daños que requieren reparación integral. Asimismo, integran mesas de diálogo, en la cual ponen toda su energía en representación de los pueblos originarios de Espinar, reclamando con justa razón ser beneficiarios de la explotación de sus recursos y que la empresa respete los derechos humanos y el equilibrio ambiental con los estándares ambientales.
Nuestra memoria y reconocimiento a aquellas personas que fueron asesinadas, agredidas, humilladas, encarceladas, estigmatizadas por ejercer la defensa del territorio, la cultura y el medio ambiente.
