Por: Mauro Timoteo Castañeda Asencio –
Área de Derechos Colectivos y Medio Ambiente
Espinar es una provincia de la región Cusco que viene conviviendo casi 40 años con las actividades extractivas. La gran minería en vez de traer oportunidades y generar el verdadero desarrollo sostenible de la provincia, ha venido generando impactos sociales, económicos, ambientales, afectaciones a la salud humana y vulneración de derechos colectivos.
En contraste, a la investigación de Impactos mineros invisibilizados[1], Espinar es el escenario de una permanente conflictividad socioambiental con vulneración de derechos humanos que quedan en la impunidad total sin alcanzar la justicia. Los líderes y lideresas son constantemente estigmatizados y criminalizados por el hecho de ejercer su derecho a protestar y defender sus derechos. Un ejemplo es la última notificación, con fecha 20 de enero, que recibieron los dirigentes por parte del Ministerio Público por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en su tipo de resistencia o desobediencia a la autoridad contra la salud pública. El sistema de justicia antes que identificar a los actores sociales que causan las huelgas prefiere perseguir constantemente a los líderes sociales.
Económicamente, las familias viven en la pobreza y extrema pobreza, sin oportunidades reales de trabajo, sufren la mortandad de sus animales y la pérdida del valor de sus productos a efectos de la contaminación. A nivel ambiental, las comunidades tienen sus tierras, su aire y sus principales ríos y fuentes de agua contaminados; además, de la contaminación del transporte minero por el Corredor Minero del Sur[2]. A ello se suma otro problema mayor que es la afectación a la salud humana por la ingesta de los metales tóxicos a más de 1621 personas registradas[3] que hasta la fecha no reciben ninguna atención sanitaria del Estado ni de la empresa minera. Tal como lo señala la Organización Mundial de la Salud existen graves daños a la salud por la ingesta de metales tóxicos como problemas renales, enfermedades cardiovasculares, dolores de cabeza, huesos, músculos, cáncer, leucemia, pérdida de visión, entre otros.
Espinar pese a convivir con la millonaria empresa minera suiza Glencore, que tuvo ventas anuales por S/. 3’690,612.000 en el 2016, una producción de cobre de 221,399 toneladas (TMF) y 3’563,015 de gramos finos de oro con una tendencia de producción que se ha mantenido hasta el 2019 y 2020[4], no ha mejorado la precariedad de su sistema sanitario, educativo, vial ni mucho menos ha garantizado el acceso a un servicio de agua de calidad. Al contrario, los problemas socioambientales como la pobreza, la contaminación ambiental, los impactos diferenciados en la vida de las mujeres, la afectación de la salud por los metales tóxicos y la vulneración de los derechos humanos distan con la realidad, el mito del desarrollo sostenible que tanto predican las empresas mineras.
Todas estas problemáticas sumado a los incumplimientos de compromisos ha sido la materia prima de los constantes conflictos socioambientales, en especial, el conflicto de julio de 2020 donde, en plena pandemia y estado de emergencia sanitaria, la población autoconvocada luchó por más de 24 días en busca de una solución necesaria, urgente, real y concreta a través de una mesa de dialogo con el Estado.
Esta mesa de dialogo de la provincia de Espinar con una comisión de alto nivel del poder ejecutivo se instaló con la promesa de resolver todos los puntos de la plataforma de lucha; sin embargo, apenas desactivado el conflicto social con el pretexto de la pandemia del coronavirus, abandonaron la mesa de dialogo dejando incumplidos los puntos de la plataforma de lucha. A seis meses, solo se ha atendido el primer punto de la plataforma de lucha, el de otorgar el bono económico para la reactivación económica de los espinarenses. Los problemas de fondo como la reformulación del Convenio Marco, la ampliación del proyecto Corocohuaycco, la justicia ambiental del corredor minero, la atención inmediata a los afectados por metales tóxicos, la conformación de una comisión de justicia y derechos humanos han quedado irresueltos, en el completo abandono y desatención del Estado peruano. Además, la mesa de diálogo y los puntos de la plataforma de lucha no han sido reconocidos a través de una resolución ministerial, un instrumento jurídico que institucionalice y obligue a las partes a cumplir con el dialogo y los acuerdos que se alcance.
Es así que, los y las espinarenses cansados de las permanentes burlas del Estado y la empresa minera, en una asamblea multiorganizacional de la provincia, realizada el 13 de enero del 2020, aprobó por unanimidad retomar la huelga indefinida a partir del 28 de enero del presente año, por el abandono de la mesa de diálogo y el incumplimiento de la plataforma de lucha, tal como se difundió a través de una nota de prensa a la opinión pública de Espinar.
Frente a esta situación de conflicto en escalamiento, el Ministerio de Energía y Minas – Minem respondió con el oficio N° 015- 2021 MINEM- OGGS, de fecha 21 de enero, que por la situación de la pandemia y a fin de salvaguardar la salud, propone una reunión virtual y que una comisión de autoridades y dirigentes de Espinar viajen a la ciudad de Lima. Espinar rechazó la propuesta virtual y la comitiva; puesto que, en la vecina provincia de Chumbivilcas se viene desarrollando mesas de diálogo presenciales cumpliendo todos los protocolos de salud y seguridad.
Asimismo, la Presidencia de Consejo de Ministros – PCM da una respuesta desesperada con la RM N° 032–2021–PCM, con la que conforma el grupo de trabajo denominado Mesa de diálogo para el desarrollo sostenible de la provincia de Espinar, una resolución unilateral sin participación de la sociedad civil que ignora por completo la lucha del 2020, no incorpora la integridad de la plataforma de lucha en los subgrupos de trabajo y restringe la participación de los representantes de organizaciones sociales. Un instrumento que, en vez de democratizar y transparentar, termina burocratizando y elitizando las mesas de diálogo.
Finalmente, el 25 de enero, nuevamente en una asamblea multiorganizacional rechazaron categóricamente las posiciones pretensiosas de la PCM y el MINEM y por ello, elevó un memorial exigiendo la presencia de la comisión de alto nivel en Espinar y rectificación de la RM N° 03 –2021–PCM, en un plazo de 72 horas, para la reinstalación de la mesa de diálogo; de lo contrario, Espinar, ratifica que el 28 de enero inicia la huelga indefinida.
Lamentablemente, el Estado peruano no tiene una política nacional clara ni enfoque ni estrategias sostenibles para abordar los conflictos sociales y las mesas de diálogo. No existe un diálogo genuino, democrático, productivo y sobre todo de buena fe que resuelva las causas de fondo y con perspectiva a largo plazo, sino todo lo contrario, son mesas de dialogo nominales, unilaterales, poco transparentes, agotadores y parcializados a las empresas mineras, más que resolver el conflicto crean y alimentan las condiciones para un futuro conflicto social.
Fuentes bibliográficas:
[1] Estudio realizado por Derechos Humanos Sin Fronteras, disponible en: https://es.scribd.com/document/443647321/Estudio-Impactos-Mineros-Invisibilizados-HudBay-Cusco-DHSF
[2] Resumen ejecutivo, Impactos de las empresas mineras en los derechos humanos en el corredor minero del sur andino, disponible en: http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2019/09/Reporte-de-impactos.pdf
[3] Data registrada por Derechos Humanos Sin Fronteras a partir de los informes de la DIRESA, MINSA hasta el 2019.
[4] Reporte especial N° 1-2020-DHSF/CNDDHH. Violaciones de derechos humanos que deben investigarse y repararse en la protesta social de Espinar, Cusco, Perú en julio del 2020.
