Miles de mujeres esterilizadas contra su voluntad, en su mayoría campesinas, indígenas y quechua hablantes, podrían ver negado su derecho a la justicia.  El 4 de julio habría vencido el plazo para que la fiscal que investiga el caso presente una denuncia contra los responsables y no lo ha hecho.

En mayo del 2015 se reabrió la investigación fiscal que había sido cerrada en enero del 2014 por 2074 casos de esterilizaciones forzadas ocurridas durante la década del 90. Dicha investigación se ha ido extendiendo por pedidos de la fiscalía para poder seguir investigando las denuncias presentadas. De acuerdo a los representantes legales de las víctimas, el 4 de julio venció el plazo solicitado por la fiscal para presentar una acusación contra los responsables y ninguna acusación ha sido presentada.

Preocupa que las víctimas de esta grave violación de derechos humanos sigan esperando justicia luego de más de 18 años de las primeras denuncias. Durante ese tiempo, estas investigaciones han sido archivadas y reabiertas en más de una oportunidad.

El Estado peruano se ha comprometido a realizar una exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales correspondientes contra toda persona que haya participado de estas graves violaciones a los derechos humanos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares.

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Fuente: Amnistía Internacional.