Por Martín López – Comunicación e Incidencia DHSF
Para las peruanas y peruanos, la palabra JUSTICIA es casi inexistente, pareciera que estuviéramos viviendo la década de la corrupción, y ante tantas denuncias y evidencias, el sistema judicial no actúa, peor aun cuando se trata de defender los derechos fundamentales de las mujeres, un agresor o violador puede salir libre el mismo día que fue detenido, ¿Cuál es, entonces, la situación judicial de las miles de mujeres que fueron esterilizadas en contra su voluntad, durante el gobierno de Fujimori?
En julio del 2016, La fiscal Marcelita Gutiérrez dispuso el archivamiento de la denuncia penal contra Fujimori por el caso de las esterilizaciones, y en diciembre del mismo año nuevamente se declara el archivamiento de 77 denuncias que no habían sido consideradas en la resolución emitida en julio. Con 17 años de procesos legales, sumado el indulto a Fujimori, no había escenario de esperanza para las víctimas, hasta que el último 25 de abril, el fiscal superior Luis Landa ordenó denunciar a Alberto Fujimori, y a su es ex ministros, así como al ex director del Programa Nacional de Planificación Familiar, Jorge Parra Vergara; y el ex asesor del sector, Ulises Jorge Aguilar como autores mediatos en los casos de esterilizaciones forzadas de Mamérita Mestanza, Celia Ramos y otras tres víctimas, es decir solo serían nuevamente procesados por cinco casos, el de Mamérita es uno de los casos más simbólicos y representativos de las esterilizaciones forzadas.
Cabe señalar, que esta decisión es una respuesta a las quejas interpuestas por la defensa ante la decisión de archivar el caso. Además, Landa ordenó denunciar a Fujimori, exministros y exdirectores del programa como co-autores por lesiones graves en contexto de violaciones a los derechos humanos en agravio de Victoria Vigo, Inés Condori y 2164 mujeres más que figuran en la denuncia fiscal.
El fiscal superior Landa también ordenó denunciar a Segundo Henry Aliaga Pinedo quien se desempeñó como Director General de la Región Salud IV de Cajamarca y otros coautores mediatos por lesiones graves en contexto de violaciones a los derechos humanos.
En este momento del proceso, la responsabilidad de la investigación regresa a la Fiscal Marcelita Gutiérrez. La persistencia de las mujeres víctimas ha logrado que el sistema judicial les dé una luz de esperanza para que los culpables de los delitos que cometieron contra ellas puedan tener una sanción social y judicial. Existen miles de casos que no se han judicializado. De declarar una sentencia condenatoria contra Fujimori, este podría volver a prisión. ¿Terminará en un nuevo archivamiento este nuevo proceso? Los miles de testimonios y las inscripciones al REVIESFO ¿No son suficientes pruebas para declarar culpables a los procesados?
23 años han pasado desde que se inició la implementación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, cuya implementación terminó por violar los derechos de miles de mujeres y hombres que fueron esterilizados en contra de su voluntad, como ya hemos dicho líneas arriba, las víctimas eran quechuahablentes, pobres, analfabetas, afrodescendientes o parte de una comunidad originaria andina o amazónica, es decir, dicho programa tenía el objetivo de promover el desarrollo económico a través del control demográfico, sin importar la constante vulneración de derechos que sufrieron mujeres y hombres de diferentes partes del país. EL PNSRPF fue el la política pública más violento que se instauró en América Latina , no sólo porque las esterilizaciones se realizaron sin el consentimiento de las personas, sino que las condiciones médicas en las que se realizan eran totalmente deplorables.
Históricamente, el fujimorismo, medios de comunicación y algunos líderes de opinión se han pronunciado a favor de la medida optada por el gobierno de Alberto Fujimori, y con esta postura han intentado silenciar la búsqueda de justicia y reparación de las mujeres que han sido víctimas de las esterilizaciones.
Esta situación, y las pocos historias que hemos escuchado sobre las mujeres y hombres que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas, nos deberían movilizar a asumir un compromiso de vigilancia para que el proceso judicial lleve su curso y que los culpables tengan una sanción, pero también nos exhorta a construir, juntas y juntos, un país con memoria colectiva, un país que no olvida, un país capaz de generar redes de solidaridad con quienes el gobierno y los grupos de poder vulneran sus derechos, estamos permanentemente desafiados a estar informados y cuestionar un sistema que está empezando a normalizar la impunidad, la violencia, la corrupción y la violación de los derechos humanos.
