Nota de prensa
Como parte de la campaña “Espinar no puede esperar”, una delegación de defensoras de derechos humanos de Perú y miembros de organizaciones y redes de la sociedad civil europea, argumentaron ante parlamentarios europeos sobre los impactos ambientales y sociales en Espinar (Cusco), tras 40 años de actividad minera. Así, llamaron la atención sobre la necesidad de aprobar una ley de debida diligencia con garantías para que las empresas europeas o las que facturan dentro de los países europeos, no sigan violando derechos fundamentales con total impunidad.
Esmeralda Larota, representante de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K’ana, quien vive en Bajo Huancané, una de las comunidades más afectadas por la contaminación en Espinar, señaló cómo la minería ha afectado a su comunidad, la salud, el ambiente y la economía local de las poblaciones que viven alrededor de la mina. Sostuvo que la población de Espinar no se siente escuchada. “A diario tenemos dolencias, hay familias enteras que están enfermas, no hay cómo curarnos. También estamos perdiendo nuestra ganadería, al morirse nuestros ganados perdemos en nuestra economía”.
Añade Esmeralda: “Yo traigo la voz de muchas mujeres, de muchos hombres y están esperando ser atendidos. En nuestro país no hay leyes que nos protejan de las empresas grandes, por eso yo vengo acá a pedir con una esperanza de que se pueda hacer algo desde acá, de que se pueda aprobar la ley de debida diligencia para que nos den garantías en nuestra vida, en nuestra salud. Queremos una vida sana, queremos salud, queremos vivir tranquilos en paz, no desesperados, sin futuro”.
A su turno, Karem Luque de la ONG cusqueña Derechos Humanos sin Fronteras, explicó cómo la población impactada por la contaminación sufre de problemas de salud, y que, a pesar de diversos estudios estatales y de organizaciones sociales han confirmado la presencia de metales pesados en la sangre de la población. “Las comunidades, al buscar justicia y atención a sus demandas, no han recibido respuestas efectivas ni de la empresa ni del Estado peruano. Al contrario, varios líderes han sido criminalizados. Por ello, se requieren otras herramientas para reclamar derechos y responsabilidad de las empresas”.
Luque manifestó ante los parlamentarios que la actual propuesta de ley carece de elementos para garantizar el acceso a derechos: “nosotros queremos que esta ley cubra toda la cadena de valor y suministro de la empresa, porque no puede ser posible que nosotros solamente veamos el momento en el que llega la tecnología (que demanda minerales), sin saber su procedencia, sin saber todo el dolor y sufrimiento que hay detrás. Queremos que esta ley cubra el principio precautorio, para que se anticipe y prevenga los potenciales daños que pueda causar la empresa”. Luque añadió que “Espinar es una provincia que va a tener actividades extractivas por otros 40 años más, entonces el dolor se va a ver multiplicado en cuatro generaciones más, por eso es importante un adecuado cumplimiento del convenio 169 para la consulta previa, libre e informada. Es necesario potenciar la ley de debida diligencia, no queremos mas casos como el de Espinar, nosotros pensamos que el desarrollo no puede estar a costa de la vida de nuestras comunidades campesinas y originarias”.
Por su parte, Wies Willems, de la ONG Broederlijk Delen y la red EU-Lat, explicó la importancia de la nueva directiva de debida diligencia, en un contexto de creciente demanda de minerales para la transición energética, lo que generará nuevos impactos en el ambiente, conflictos sociales y violaciones de derechos humanos. Willems sostuvo que la directiva (la ley de debida diligencia) sí se aplicaría en el caso de la empresa Glencore en Espinar, porque factura en los países miembros de la Unión Europea. Sostuvo que la actual propuesta se tiene que fortalecer: “debería incluir todo el marco de derechos humanos, el principio precautorio, toda la cadena de suministro, incluyendo a los bancos que invierten en el proyecto minero y la empresa, y la consulta previa”, añadió.
La eurodiputada Soraya Rodríguez (RENEW) reconoció las injusticias que enfrenta la población de Espinar, resaltando en particular el derecho fundamental del acceso a agua de calidad. “Lo que pasa en Espinar también es nuestra responsabilidad. Una ley de debida diligencia debe hacer efectiva el derecho de las personas a que una actividad empresarial no suponga la vulneración de sus derechos fundamentales, garantizar que esta no se produzcan y si estas se producen, hacer responder por los daños causados al medio ambiente, a la vida, la salud de las personas. Por eso es una norma vinculante. Nos jugamos mucho”, dijo a su turno.
María Arena (S&D), también diputada del parlamento europeo, sostuvo que la Unión Europea se ocupa de “tener el interior de la casa ordenado”, pero que no se preocupa por el comportamiento de sus empresas afuera de ella, en otras partes del mundo. “Lo que pasa en Espinar es un buen ejemplo de ello. Esto tiene que cambiar y para ello se necesita una ley de debida diligencia mucho más ambiciosa”.
Link de la exposición del caso Espinar ante el Parlamento Europeo: https://bit.ly/3HplJM9
Mayor información: https://www.facebook.com/EspinarNPE/
