La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos frente a la actuación del Estado por las protestas de las comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas expresa lo siguiente:
La protesta de las comunidades y de los pobladores de Cotabambas – Apurímac, por el accionar de la empresa MMG Las Bambas no es solo de hace 50 días, se vienen dando desde el 2015. Las principales causas son las constantes modificaciones inconsultas que la empresa y el Estado hacen respecto al proyecto, y que terminarán afectando a la población local. Las más graves, el traslado de la planta de molibdeno de Cusco a Apurímac y, el cambio de medio de transporte del mineral de un mineroducto a una carretera.
En el 2015 y 2016 las demandas de la población en torno a la propiedad comunal y los impactos que genera el transporte del mineral fueron respondidas principalmente con represión, dejando 4 comuneros muertos, respecto a lo cual no hay un proceso judicial que investigue esto. Sin embargo, los comuneros que reclaman sus derechos sí están siendo procesados por delitos como asociación ilícita para delinquir, disturbios o daños y sus casos avanzan de manera acelerada. A esto se suman los mecanismos represivos de la declaratoria de los Estados de emergencia preventivos, que se dictan recurrentemente desde hace más de 2 años y que suspenden derechos fundamentales de la población. De igual forma, persisten los convenios de prestación de servicios que pone a la policía al servicio privado de la empresa minera.
Preocupa que el gobierno no esté siendo diligente para atender estos conflictos, una muestra de ello es la extinción intempestiva de la Mesa de Dialogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, el 12 de diciembre de 2018, mesa que se conformó luego de las protestas del año 2015, y que dejó a las comunidades sin mecanismo de interlocución con el Estado.
Respecto a la comunidad de Fuerabamba, hay que tener en cuenta que tiene un historial de impactos, fue trasladada de su territorio ancestral y los ubicaron en zonas suburbanas sin adecuación intercultural. Urge reconocer que existe un reclamo legítimo que debe revisarse, por lo mismo denunciamos la detención de los dirigentes campesinos Carlos Fernando Vargas Arizábal y Gregorio Rojas Paniura; llamamos la atención nacional e internacional sobre la acusación hecha sobre estos líderes como integrantes de una organización criminal, y le recordamos al gobierno que los comuneros han insistido por años en el diálogo de buena fe. Así también con relación a la defensa legal de los abogados Chávez, si bien no avalamos su forma de diálogo y trabajo, denunciamos los intentos de criminalizar la defensa legal de las comunidades afectadas.
Hacemos un llamado urgente a evitar cualquier intervención violenta de la PNP, lo cual solo agudizará más el conflicto. Es imprescindible evitar que se repitan sucesos como los de Bagua o los del mismo Apurímac en el 2015 y el 2016, nada justifica la pérdida de vidas humanas.
Exigimos al gobierno central que no se deje amedrentar por la campaña de presión y de desprestigio para con las y los líderes de las comunidades afectadas ejercidas por diferentes gremios extractivos. Insistir con una política de mano dura generará más violencia y no dará solución institucional y duradera a las legítimas demandas de la población. Por el contrario, es imprescindible que el gobierno asuma su obligación de realizar el saneamiento físico legal de la propiedad de las comunidades afectadas y cuyas tierras están siendo usadas por el Estado sin su autorización.
22 de marzo de 2019
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
