Redacción DHSF
El Gobierno de Pedro Castillo declaró en estado de emergencia por 30 días los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, región Apurímac.
Esta medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo n.° 042-2022-PCM, el cual se sustenta en el “informe de carácter reservado” del Ministerio del Interior – Policía para detectar, prevenir y contrarrestar la alteración del orden público e ilícitos penales que pudieran registrarse. Sin embargo, no se aclara el contexto de la protesta social ni conflictividad constante entre comunidades y la empresa minera Las Bambas.
La declaratoria de emergencia ordena a la Policía Nacional del Perú, con apoyo de las Fuerzas Armadas, mantener el control del orden interno. Además, suspende el ejercicio de derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y seguridad personal.
Vale precisar que comuneros de Fuerabamba, comunidad campesina del distrito de Challhuahuacho, ingresaron a los terrenos de la mina desde el 14 de abril. En tanto, Choaquere reclama 180 hectáreas como suyas. Por esta razón, la empresa minera Las Bambas paralizó sus actividades desde el 20 de abril. De acuerdo al testimonio de las comunidades, la minera aún no ha cumplido con más de 100 compromisos.
Nuestra institución Derechos Humanos Sin Fronteras muestra su preocupación por esta decisión del gobierno, puesto que pretende reprimir y criminalizar la protesta social, seguido de la estigmatización y hostigamiento contra dirigentes y defensoras/defensores de los territorios de Apurímac.
Los conflictos sociales son consecuencia de la falta de atención del Gobierno y de la empresa minera que en su debido momento debió instalar una mesa de dialogo. Lamentablemente, se espera que el conflicto se agudice, mientras que la única respuesta es declarar el estado de emergencia de forma inconstitucional.
