Con una nueva propuesta, el Gobierno pondría en peligro los territorios de las comunidades indígenas. Esta vez se trata del proyecto 1718-2017, una nueva versión de la denominada ‘Ley del despojo’ (DL 1333), la misma que fue derogada porque vulneraba los derechos a la tierra de comunidades campesinas e indígenas. El nuevo proyecto fue presentado el 28 de julio, por el Ejecutivo, y viene generando diferentes reacciones en contra de parte de organizaciones y colectivos indígenas.
Como se recuerda, el DL 1333, aprobado dentro del paquete de 112 decretos dados por el Ejecutivo en diciembre del año pasado, pretendía crear la institución denominada APIP (Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados) con procedimientos ad hoc para otorgar títulos en tierras donde se desarrollarán proyectos de inversión priorizados.
La Comisión de Constitución del Congreso de la República, tomó en cuenta los argumentos que presentaron las organizaciones indígenas sobre la inconstitucionalidad de este decreto. Finalmente se acordó su derogación en el Pleno del Congreso. La autógrafa se envió al Ejecutivo para su publicación, sin embargo, el Ejecutivo observó el acuerdo de derogatoria, quedando el DL 1333 vigente hasta el momento.
El nuevo PL insiste en crear una institucionalidad denominada APIP exclusivamente para sanear y expropiar predios necesarios para obras de infraestructura priorizada. Esta institución estaría dentro de PROINVERSIÓN, agencia adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Aunque el proyecto de ley contempla la exclusión de inmuebles de propiedad y/o posesión de pueblos indígenas, esta exclusión es insuficiente puesto que más de la mitad de comunidades campesinas no están reconocidas como pueblos indígenas. Además, existen casi tres mil comunidades campesinas y nativas que no cuentan con título y el 50 % de estas no están georreferenciadas, al no existir un catastro que de información sobre los límites exactos.
