Área de Comunicación, Incidencia y Género
Ser defensora/defensor de derechos humanos es ser objeto de ataques constantes y amenazas de distintas formas que a menudo preceden en asesinatos. En nuestro país, solo entre el 2015 a 2019, han asesinado a 24 defensores. Pese a esta situación, muchos de los Estados en el mundo incumplen con su obligación de protegerlos.
A esta conclusión llegó la Relatora Especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, en su último informe que expondrá en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre el 22 de febrero al 19 de marzo.
El documento señala que este incumplimiento a sus obligaciones morales y jurídicas se debe, principalmente, a la falta de voluntad política: “Los Estados pueden y deberían intervenir para evitar los asesinatos, respondiendo con más eficacia a las amenazas contra los defensores”.
Esto se evidencia con el elevado número de asesinatos de defensores/defensoras que se producen cada año. Solo en el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020, la Relatora Especial envió comunicaciones a 10 Estados miembros sobre el asesinato de 100 defensores de los derechos humanos, 17 de los cuales eran mujeres. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha observado que de 2015 a 2019 se ha asesinado a defensores de los derechos humanos en, al menos, 64 países. En 2019 fueron asesinados al menos 281 defensores de los derechos humanos. Desde 2015 han sido asesinados 1323, 45 eran personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero o intersexuales.
En ese mismo período (2015 a 2019), la región América Latina y el Caribe registró 933 asesinatos de un total de 1.323 denunciados en esos años. El Perú aparece en el sexto lugar dentro del conglomerado de países. A continuación, los detalles: Colombia (397), Brasil (174), México (151), Honduras (73), Guatemala (65), el Perú (24), Nicaragua (14), Venezuela (14), El Salvador (10), Argentina (3), Chile (2), el Ecuador (2), Belice (1), Bolivia (1), Costa Rica (1) y Haití (1). Lamentablemente, esta región es la más afectada, y las/los defensores relacionados con el medio ambiente son los más atacados.
“Los ataques, incluidos los asesinatos de defensores de los derechos humanos, suelen producirse en un contexto de violencia y desigualdad estructurales, entre otros, en sociedades en conflicto, y como producto de sistemas patriarcales y heteronormativos”, se lee en el informe que, además, subraya que el hecho de que muchos casos no se denuncien es un problema común, y también en que la impunidad generalizada favorece la comisión de asesinatos.
Dentro del informe aparece una tabla, elaborada por el International Service for Human Rights en noviembre de 2020, que resume una serie de leyes, reglamentos, protocolos y mecanismos para la protección de los defensores. El Perú figura en la lista de 10 países junto con el Protocolo para Garantizar la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos aprobado en 2019 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Resolución Ministerial N° 0159-2019-JUS.
Mary Lawlor destaca que algunos Gobiernos hayan establecido mecanismos nacionales de protección para proteger a los defensores, con diversos grados de éxito. Sin embargo, precisa que los mecanismos específicos establecidos por los países para proteger a los defensores suelen carecer de recursos suficientes, y su actuación es criticada por los defensores.
La responsabilidad también recae en las empresas
En el documento también se menciona que muchos defensores son asesinados tras haber protestado por los efectos negativos de los proyectos empresariales para los derechos humanos. En demasiados casos, las empresas eluden su responsabilidad de impedir los ataques contra los defensores, o incluso son responsables de esos ataques.
En ese sentido, Mary Lawlor concluye que las empresas deberían intervenir cuando se realizan amenazas contra los defensores, a fin de evitar que se conviertan en ataques. Aunque destaca que cada vez es mayor el número de empresas e instituciones financieras internacionales que cuentan con políticas de derechos humanos, la Relatora Especial reconoce que son pocas las que tienen políticas públicas que se ocupen específicamente de la protección de las/los defensores.
Recomendaciones
Las recomendaciones principales de este informe sobre la situación de los defensores de los derechos humanos se dirigen a los Estados, instituciones de derechos humanos, a la ACNUDH y otros organismos de las Naciones Unidas, a los órganos académicos, embajadas extranjeras, empresas e instituciones financieras internacionales y a las empresas de medios sociales.
En el caso de los Estados existen 8 puntos que básicamente apunta a cumplir sus obligaciones a fin de asegurar que no se asesine a ningún defensor de los derechos humanos por su trabajo, asegurar que los funcionarios del Estado reconozcan de manera regular y pública el valor de la labor de los defensores de los derechos humanos y denuncien públicamente las amenazas contra ellos y en aprobar y cumplir leyes que protejan específicamente a los defensores de los derechos humanos, entre otros.
A las instituciones de derechos humanos aconseja documentar públicamente las amenazas y los ataques contra los defensores de los derechos humanos, así como las respuestas de las instituciones a ese respecto. Mientras que, la ACNUDH y otros organismos de las Naciones Unidas deberían reaccionar con mayor rapidez ante la información sobre las amenazas de muerte contra los defensores de los derechos humanos.
Sobre los órganos académicos, la Relatora Especial recomienda reunir pruebas empíricas para determinar la correlación entre la disminución del número de asesinatos, amenazas y actos de violencia denunciados y los cambios concretos en materia de políticas. En tanto, a las embajadas extranjeras, en consulta con los defensores de los derechos humanos que reciben amenazas, deberían denunciarlas públicamente.
Con respecto a las empresas y las instituciones financieras internacionales, estas deberían formular y publicar políticas específicas sobre las/los defensores de los derechos humanos, en consulta con los defensores, a fin de protegerlos mejor y comprometerse a cumplir las normas obligatorias de derechos humanos y a actuar con la debida diligencia ambiental.
Las empresas de medios sociales, en consulta con las/los defensores, deberían establecer y dar a conocer mecanismos de respuesta rápida, de fácil acceso y públicos, para eliminar el contexto amenazador y cerrar las cuentas de los autores de amenazas.
Finalmente, el informe incluye 9 capítulos, entre ellos marco normativo, datos sobre los asesinatos, amenazas, estudios de caso (en el que figura el asesinato del defensor de los derechos humanos Roberto Carlos Pacheco, el pasado 11 de septiembre de 2020, en Madre de Dios), respuestas a las amenazas, asesinatos y responsabilidades y, por último, conclusiones y recomendaciones, entre principales y adicionales.
AQUÍ, puedes leer el documento completo que considera importante el testimonio de las/los defensores.
