Poder Judicial sigue criminalizando a quienes protestas contra este gobierno
Los cuatro jóvenes de la comunidad originaria de Cuyo Grande, ubicada en el distrito de Pisaq, provincia de Calca, Cusco, fueron sentenciados recientemente. Los sentenciados son: Richard Camala Ccoyo (22), Ferdinan Huacanqui Yucra (33), Redy Huamán Camala (22) y Joel David Hivallanca Huamán (20). Los jueces superiores Mario Hugo Silva Astete, Elizabeth Grossman Casas y Smilly Bedoya Galdós decidieron no aplicar la justicia intercultural y confirmaron sentencias de seis y siete años de prisión efectiva para los jóvenes.
Desde su detención el 31 de enero de 2023 en Cusco, creemos que hubo discriminación y persecución por parte de las autoridades policiales y judiciales. Los jóvenes habían llegado a Cusco junto con miembros de su comunidad para protestar contra el régimen de Dina Boluarte y el Congreso de la República, así como en respuesta al asesinato de Remo Candia, dirigente de Anta, Cusco, y las graves heridas infligidas a Rosalino Florez, de la comunidad campesina de Conchacalla, Cusco, quien fue herido con más de 30 perdigones a quemarropa a menos de dos metros por un policía que hasta el momento se encuentra prófugo de la justicia. Rosalino Florez murió meses después debido a las graves heridas.
El 31 de enero de 2023, los comuneros de Cuyo Grande se movilizaron por las principales arterias de Cusco para protestar. Tras concluir su marcha, la policía nacional los esperó en la calle Puputi, cerca del Mercado Rosaspata, donde reprimió a los manifestantes y detuvo arbitrariamente a cinco jóvenes, acusándolos de actos vandálicos durante las protestas. Los abogados de los detenidos, tanto particulares como de Derechos Humanos Sin Fronteras, criticaron la intervención de la Fiscalía de Crimen Organizado, argumentando que esta acción parecía tener el objetivo de criminalizar las protestas. Uno de los detenidos, patrocinado por el abogado de Derechos Humanos Sin Fronteras, fue liberado tras demostrar la falta de cargos en su contra. A pesar de esto, un fiscal solicitó prisión preventiva para los otros cuatro jóvenes, y un juez aprobó esta medida alegando que los campesinos no tienen arraigo domiciliario de calidad.
A LOS JÓVENES LES HICIERON FIRMARON ACTAS DE INTERVENCIÓN SIN LEER
Durante la intervención policial y la posterior detención, se cometieron varias irregularidades, según los abogados defensores. Entre ellas, se destaca que en la comisaría de Tahuantinsuyo se redactaron actas de registro e intervención que los detenidos firmaron sin poder leer, siendo uno de ellos analfabeto. Además, los abogados señalaron que los policías formaron una comisión para buscar a supuestos agraviados y luego los trajeron en camionetas a la comisaría de Tahuantinsuyo, como lo corroboran fotografías de las placas de las camionetas.
NO HAY PRUEBAS
Los abogados defensores coincidieron en que no existe evidencia que confirme la presencia de los jóvenes en los disturbios. Las supuestas víctimas basaron sus alegatos en descripciones de la ropa de los detenidos, pero los colores descritos no coincidían con los que los acusados portaban. «Las pruebas se basan únicamente en testimonios contradictorios y carecen de suficiencia probatoria», explicó uno de los defensores.
Este caso ha conmocionado a la sociedad cusqueña y peruana, especialmente considerando que los jóvenes, pertenecientes a una comunidad originaria, fueron condenados por el simple hecho de protestar contra un gobierno que, a través de las fuerzas armadas y policiales, causó la muerte de 49 personas y dejó a cientos de heridos. Hasta la fecha, la justicia peruana y la policía nacional no han logrado sentenciar ni detener a los responsables de estas muertes.
Área de Comunicación e Incidencia Política – DHSF
