La oposición a la ley de amnistía trasciende fronteras políticas y religiosas. Los obispos se suman a la voz de organizaciones de derechos humanos que advierten: un país que legitima la impunidad rompe su compromiso con la memoria, la justicia y la dignidad humana.
La Iglesia también se alza contra la cuestionada ley de amnistía, promulgada por el régimen de Dina Boluarte, que busca liberar de responsabilidad a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa involucrados en graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.
Un grupo de 12 obispos peruanos, encabezados por el cardenal Carlos Castillo, ha publicado un pronunciamiento titulado “Aprendan a hacer el bien y busquen la justicia”, donde advierten que esta medida no solo contraviene los estándares internacionales de derechos humanos, sino que constituye un retroceso histórico que niega la dignidad de las víctimas.
“La ley de amnistía niega la dignidad de la persona humana y su vida misma, y les resta gravedad a los delitos que con ensañamiento se perpetraron contra seres humanos”, señalaron con firmeza.
Los obispos recordaron que defender la vida y la justicia no es una posición política, sino un mandato humano y cristiano. Además, exhortaron al Poder Judicial a ejercer control difuso e inaplicar la norma en defensa de los derechos fundamentales de las personas y de la sociedad.
Riesgo de impunidad
La ley de amnistía incluye a personas mayores de 70 años, lo que beneficiaría a condenados por crímenes de lesa humanidad. Según los obispos, esta disposición “alienta la impunidad frente a delitos de grave crueldad” y desconoce el dolor de miles de víctimas que aún esperan verdad y justicia.
Organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional también han alertado que el Perú, al aprobar esta norma, se aparta de sus obligaciones internacionales y abre la puerta a una impunidad institucionalizada.
