Las recientes declaraciones de la congresista Milagros Jauregui ha reabierto el debate público sobre maternidad forzada, derechos sexuales y reproductivos y la protección de niñas víctimas de violencia sexual. En una entrevista difundida en medios, la legisladora afirmó haber fundado hace una década un albergue que recibe a niñas embarazadas producto de violación sexual, algunas de entre 10 y 13 años, y sostuvo que promovió que continúen sus embarazos.
“Hace 10 años abrí una casa de refugio para niñas violadas y niñas embarazadas de 10, 11, 12 y 13 años… el MIMP y el Juzgado de Familia nos las envían”, señaló. Asimismo, aseguró que “ninguna de las niñas que han dado a luz se arrepienten”, y afirmó que “la víctima de todo este cuadro de dolor es el bebé”.
En el Perú, cualquier relación sexual con una persona menor de 14 años es considerada violación sexual según el Código Penal. Hablar de “niñas que dan a luz” sin cuestionar las condiciones de violencia contribuye a naturalizar embarazos producto de abuso.
Además, organismos internacionales y profesionales de salud coinciden en que el embarazo en niñas implica riesgos físicos y psicológicos severos, incluyendo complicaciones médicas, abandono escolar y afectaciones en su desarrollo integral.
Datos recogidos por el medio Salud con Lupa indican que, en el Perú, solo en 2025 se registraron 993 niñas inscritas como madres, incluyendo el caso de una niña de 10 años.
Este debate también reaviva la discusión sobre el aborto terapéutico, procedimiento legal en el Perú desde 1924, cuando la continuidad del embarazo pone en riesgo la vida o la salud, incluida la salud mental, de la gestante.
La prioridad debe ser la protección integral de las menores y el reconocimiento de su condición de víctimas. Discursos como el de la congresista invisibilizan el dolor de la víctima y priorizan visiones que deshumanizan sus experiencias y limitan el acceso a derechos fundamentales.
Este caso abre interrogantes sobre el rol del Estado en la supervisión de albergues, la atención integral a niñas sobrevivientes de violencia sexual y la garantía de servicios de salud con enfoque de derechos humanos, especialmente en contextos, como el peruano, donde el embarazo infantil sigue siendo una realidad persistente.
Escribe: Soraida Flores Sutta – Comunicadora Sosical
Área de Género, Juventud e Interculturaliad
