Al declarar fundada la oposición interpuesta por la defensa de las víctimas, contra la solicitud de archivo formulada por la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba.
La Segunda Fiscalía Superior Penal de Piura, mediante Disposición No. 33, ordenó rectificar el requerimiento de sobreseimiento (archivo) formulado por la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba, disponiendo que se formule acusación fiscal contra los efectivos policiales Carlos Edilberto Rosales Ruiz, José Eligio Coba Requena y Edgar Eduardo Torres Guzmán por delito de homicidio en agravio de Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama y, que se formule acusación contra los mismos efectivos policiales por tentativa de homicidio en agravio de Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Guevara, Eulalia Romero Ramírez, Rogelio Rojas Togas y José Ramírez Guevara.
En efecto, el Fiscal Superior ha señalado en su disposición que: “De lo anterior se puede afirmar que sí existen elementos de convicción que ameritan la emisión de un requerimiento acusatorio … por lo tanto, los argumentos antes expuestos permiten afirmar que la decisión adoptada por el fiscal provincial no es la adecuada; por lo que corresponde rectificar la misma, correspondiendo remitir los actuados … a otro Despacho Fiscal para la formulación del requerimiento acusatorio correspondiente”.
Al respecto, como se recordará, el 2 de diciembre de 2009, un grupo aproximado de 30 policías reprimieron violentamente, usando incluso sus armas de fuego, a un grupo de campesinos en el Sector de Cajas Canchaque de la comunidad campesina Segunda y Cajas, en la provincia de Huancabamba, Región Piura, porque éstos les habían increpado por ingresar a sus tierras sin la debida autorización comunal. En esas circunstancias, los efectivos policiales en lugar de actuar con prudencia y promover un diálogo con los campesinos que defendían su derecho a la inviolabilidad de sus tierras, iniciaron la represión utilizando sus armas de fuego y causando la muerte de 2 campesinos (ambos recibieron disparos por la espalda). Asimismo, causaron graves lesiones a otros 5 campesinos (a uno de los cuales se tuvo que amputar una pierna por la gravedad de sus heridas).
En un contexto de evidente criminalización de la protesta social, la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba inicia una investigación en contra de los campesinos por, supuestamente, haber causado lesiones a los policías y daños a sus vehículos estacionados cerca del lugar de la represión policial. Sin embargo, los abogados de la FEDEPAZ quienes asumen la defensa de los campesinos (familiares de víctimas mortales y los lesionados), lograron acreditar que las víctimas eran los campesinos, por lo que el 30 de diciembre de 2010 la Fiscalía decidió formalizar el inicio de una investigación preparatoria contra los 3 efectivos policiales antes citados, imputándoles el homicidio y las lesiones a los referidos campesinos.
Culminada la investigación preparatoria y a pesar de las pruebas que acreditaban la responsabilidad penal de los efectivos policiales investigados, la Fiscalía le solicita al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba, el archivamiento de dicha investigación penal, ante lo cual los abogados de los campesinos formulan oposición tanto por escrito como oralmente en Audiencia correspondiente. Después de evaluar la solicitud de archivo y la oposición a la misma, el Juzgado, coincidiendo con los abogados defensores de las víctimas, decide elevar el expediente en consulta al Fiscal Superior, quien al resolver la consulta determina que el Fiscal provincial se ha equivocado y le ordena que proceda a formular acusación fiscal contra los efectivos policiales ahora investigados.
Al respecto, FEDEPAZ expresa su satisfacción con la decisión de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Piura y señala su confianza en que, en esta oportunidad, los graves crímenes cometidos por los antes señalados efectivos policiales no quedarán impunes.
Como señalara en una entrevista David Velazco Rondón, uno de los abogados de los campesinos: “El objetivo de este proceso es que se establezca la verdad de hechos, los efectivos policiales dispararon por la espalda a los dos campesinos muertos y causaron graves lesiones a otros cinco, al punto que a uno le tuvieron que amputar una pierna para salvarle la vida, pero igual le causaron una gravísima incapacidad física y, desde luego, es objetivo también que se establezca una sanción ejemplar de acuerdo a ley. Si un caso como éste queda en la impunidad, a pesar de tenerse pruebas irrefutables de la muerte y agresión de campesinos que hacían uso de su legítimo derecho a protestar en defensa de sus derechos comunales ¿Qué víctimas de casos como éstos pueden tener la esperanza de encontrar justicia en las autoridades peruanas?”.
Con el ruego de su difusión, Lima, 27 de abril de 2016.
