Nota de prensa
Más de 100 organizaciones -entre nacionales e internacionales- se unen para pedir a los países de la Unión Europea (UE) que debatan y aprueben la Ley de Debida Diligencia, directiva que busca adoptar una legislación a la escala de la UE para prevenir los abusos de los derechos humanos y los daños ambientales por parte de empresas europeas que operen en otros países a lo largo de toda su cadena de valor. La campaña pone énfasis en el caso Espinar (Cusco), lugar que convive cerca de 40 años con la actividad minera y donde se han presentado diversas vulneraciones a los derechos humanos.
Los 27 países que forman parte de la Unión Europea han puesto en debate una propuesta legislativa (directiva) de debida diligencia que podría cambiar el comportamiento de las empresas europeas o empresas que facturan en estos países, en los distintos lugares en los que tengan operaciones. De aprobarse e implementarse esta directiva, la empresa Suiza Glencore, que opera en Espinar, Cusco (Perú), estará obligada a determinar, prevenir, mitigar y reparar los efectos adversos reales y potenciales generados por sus actividades en los derechos humanos y el ambiente.
La directiva europea también contempla la cadena de valor, porque estas obligaciones —en el ámbito de los derechos humanos y en aplicación de los principios de precaución y de prevención— deben recaer no sólo en las empresas matrices, sino en todo lo que se considera su cadena de suministro y todas aquellas entidades empresariales con las cuales tiene vínculos comerciales o relaciones de subordinación jurídica. Es decir, las empresas matrices, sus sucursales y filiales, pero también otras entidades empresariales —grandes y chicas— con las que contratan y subcontratan. Toda la cadena de suministro y toda la cadena de valor, debe ser incorporada en el examen de esta obligación de debida diligencia.
¿Por qué el caso Espinar? Porque cerca de cuatro décadas de actividad minera viene ocasionando un grave impacto en las poblaciones originarias -especialmente a la población K’ana- que vive cerca de la mina. Además de la contaminación, enfrentan la fragmentación y pérdida de sus territorios por la venta individual de la tierra que, por siglos, se ha ocupado y trabajado de manera comunal. La migración y la pérdida de prácticas, conocimientos y costumbres es la consecuencia más notoria. Pese a ello, y sin que se haya corregido esta práctica, la mina continúa con su proceso de expansión con el proyecto Coroccohuayco.
Así, la campaña Espinar no puede esperar busca justicia para la población de Espinar. En ese marco, busca incidir en que la propuesta de ley de debida diligencia de la Unión Europea incluya cláusulas de garantías para los derechos de la población en los entornos en donde se realiza la inversión europea. Busca que se dé, con transparencia y rigor científico, con las causas de la contaminación y los daños a la salud humana, que se asegure acceso a agua limpia y a servicios especializados de salud con enfoque de género y pertenencia cultural para toda la población. Asi mismo, busca que se definan mecanismos vinculantes para el cumplimiento del marco internacional de derechos humanos, como la realización de consultas previas, libres e informadas, con estándares internaciones, respetando el convenio 169 de la OIT y la declaración universal de Naciones Unidas sobre los derechos de la población indígena, en el marco de la responsabilidad extraterritorial de las empresas con capitales o sede en la UE.
En un país extractivista como el Perú, que no cuenta con un marco legal para acceder a justicia y reparación de daños por parte de empresas transnacionales y su cadena de valor en los graves impactos negativos que generan en el medio ambiente y los derechos humanos de las personas que viven alrededor de estos proyectos, se hace urgente y necesario una ley de debida diligencia que garantice el acceso a la justicia, reparación y sanción a las violaciones de derechos humanos.
Cabe señalar que actualmente países como Francia y Alemania ya cuentan con una legislación en esta materia.
Esta campaña está impulsada por tres redes europeas: Red UE-LAT, CIDSE y PEP, que agrupan a más de 60 organizaciones de solidaridad internacional de 15 países diferentes, además de 50 organizaciones peruanas pertenecientes a cuatro plataformas nacionales: Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, Red Muqui, Campaña Nacional Permanente Defensores y Defensoras y la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana; redes promovidas por organizaciones peruanas como: CooperAcción, Derechos Humanos Sin Fronteras, Instituto de Defensa Legal-IDL y Perú Equidad.
