Por Wilson Chilo
Editor ‘Pulso Regional’
Camino al Bicentenario de nuestra República, en hora buena, han saltado a la luz todas las contradicciones y procesos inconclusos de la formación de nuestra Nación y Estado; éstas se han expresado en la mayor crisis política después de más de una década y tras tres gobiernos post dictadura de Alberto Fujimori.
Muchos coinciden que esta crisis política se ha agudizado con algunas particularidades del inicio de gobierno de PPK; la derrota de Keiko Fujimori, la amplia mayoría en el Congreso de la República por parte de Fuerza Popular y la victoria de PPK con el voto anti fujimorista. Tras un primer año de convivencia y negociados tras la mesa por parte de los poderes del Estado, con el indulto a Alberto Fujimori y la vacancia de PPK se abre una etapa y crisis de régimen que hasta el momento no se ha cerrado.La sociedad civil y sus organizaciones hemos sido espectadores de las idas y vueltas de esta crisis política, el factor “indignación por la corrupción” nos ha empujado a tener que levantar la voz, escuchar los audios de la vergüenza y como los Magistrados utilizaban sus cargos para convertirse en una organización criminal, esto ha generado un movimiento nacional que se ha expresado en paros y movilizaciones en todas las regiones del país; recién con la gente en las calles el gobierno de Martín Vizcarra se ha sentido con el respaldo para enfrentar a Fuerza Popular, plantear la cuestión de confianza al Congreso de la República e impulsar el Referéndum con cuatro reformas.
De ahí para adelante la lucha contra la corrupción ha marcado la agenda y le ha devuelto algo de esperanza a la gente, no es casual que el Fiscal Domingo Pérez y el Juez Carlos Carhuancho se hayan convertido en los baluartes y héroes de este momento; en cada vivienda, centro laboral y espacio público, como si estuviéramos en pleno mundial; la ciudadanía se ha pegado a sus monitores y sintonizado la TV para apreciar como aquel sector que era el más poderoso era sentado en el banquillo de los acusados. Ver a Keiko Fujimori con el chaleco de “Detenido” y a todo su núcleo duro, siendo desnudados ante la opinión pública tras la acusación de lavar dinero y ser una organización criminal dentro de su partido político, es un hecho que quedará en la historia, muy aparte de su desenlace.
Estábamos con la idea de que en nuestro país había intocables y líderes políticos que no caerían, claro, en este grupo no estaba Ollanta Humala que ya había pasado una prisión preventiva y tampoco Alejandro Toledo que ya había fugado –de miedo- del país. El otro remesón fue el pedido de asilo de Alán García Pérez, el rechazo de Uruguay y tener contra la pared a la bancada aprista; de hecho esta situación no se ha cerrado; sólo las malas mañas del aprismo pueden poner en jaque al gobierno de Vizcarra, primero indicando de qué no habían garantías democráticas en el país y ahora acusando de chuponeo al gobierno. Toda una cortina de humo que intentaba opacar el intento de Fuerza Popular para debilitar la lucha contra las organizaciones criminales dentro de partidos políticos como el fujimorismo y el APRA.
Post Referéndum y la continuidad del modelo económico
Lo que se vaya a decidir este 09 de diciembre va ser determinante para nuestra región y el país, lo primero que podemos marcar es el devenir de la coyuntura nacional, hay algunos temas que el Cusco necesita una respuesta y está a la espera de la voluntad política del gobierno de Martín Vizcarra; uno de ellos es el tema del gas; se ha contratado a una consultora británica para que decida sobre el futuro energético del país y especialmente del sur.
La preocupación radica, hasta el momento Martín Vizcarra no ha dado un viraje en la política económica del país, si bien en el último CADE ha anunciado que no existe persecución política a los empresarios y claro, tampoco existen discrepancias de fondo con ellos. Respecto a la minería este gobierno ha seguido impulsando los estados de emergencia y ha mantenido la política tributaria en donde son beneficiados estas grandes transnacionales.
En ese mismo sentido y siguiendo el modelo neoliberal, el Ejecutivo está impulsando el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, esta iniciativa afectaría los derechos laborales más básicos, por ejemplo, eliminar la reposición como reparación ante despido, reducir el monto de las indemnizaciones por despido, rebajar los llamados costos no salariales, sin especificar si comprende vacaciones, gratificaciones y compensación por tiempo de servicios.
Post referéndum va a ser importante la fiscalización de la ciudadanía para que se cumplan e implementen las reformas; pero a nivel de política económica el gobierno ha evidenciado ser continuidad.
El otro nuevo momento que va afrontar el Cusco es el próximo gobernador regional y sus autoridades locales; respecto a su visión que tienen de la región y que han expuesto en la campaña electoral no parece haber mucha diferencia entre ellos y se han agarrado de temas que incluso no va ser de su competencia y que son los grandes desafíos, Aeropuerto de Chinchero (vamos a ver si plantean modificaciones para cuidar el patrimonio cultural de esa zona), Hospital Lorena y los casos de corrupción que está inmerso; Vía Evitamiento, la diversificación productiva de la región, gaseoducto del sur, entre otros temas. Lo importante va a ser fortalecer los mecanismos ciudadanos para fiscalizar e imponer una política para beneficio de los cusqueños y cusqueñas, por ahí va nuestro principal reto•
