Hace unos días se difundió en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), un caso de acoso sexual ocurrido en flagrancia que generó la indignación de la comunidad estudiantil. No es el primero ni, lamentablemente, el único. Es apenas la punta del iceberg de un problema estructural que la universidad se niega a enfrentar con seriedad.
La Contraloría ha señalado que, desde 2022, hay al menos 14 denuncias de hostigamiento sexual sin resolver, tanto en la sede central como en las filiales de Andahuaylas y Sicuani. A ello se suman numerosos testimonios que nunca llegan a formalizarse, ya sea por miedo a represalias o por la desconfianza en los mecanismos de denuncia. En la última mesa de diálogo entre la Federación Universitaria del Cusco (FUC), representantes estudiantiles y autoridades universitarias, el propio rector reconoció que existen 16 casos de acoso en investigación, confirmando así la magnitud del problema.
La UNSAAC cuenta con el Reglamento para Prevención, Intervención y Sanción en casos de Hostigamiento Sexual, y la Ley N.° 27942, que le obligan actuar con diligencia y brindar canales seguros para prevenir y sancionar estos casos. Sin embargo, en la práctica es lo contrario: comisiones que se instalan tarde, plazos incumplidos, expedientes archivados y docentes denunciados que continúan en funciones.
Lo más preocupante es que varios docentes designados como miembros de la Secretaría de Instrucción han presentado su renuncia. Esto no es un simple retraso administrativo, sino que evidencia lo complejo que resulta investigar a colegas o superiores dentro de la propia institución. Tal escenario afecta la independencia de los comités disciplinarios y genera un ambiente de fragilidad en el tratamiento de los casos. Por ello, se vuelve indispensable una supervisión externa e independiente que garantice procesos libres de presiones internas.
Frente a esta inacción, han sido las y los estudiantes quienes han mantenido viva la exigencia. Desde campañas como “UNSAAC contra el hostigamiento sexual” hasta las tomas de locales universitarios, la demanda ha sido clara: justicia, protocolos efectivos y sanciones reales. Sin embargo, la respuesta de las autoridades sigue siendo lenta, burocrática y, en muchos casos, evasiva.
La UNSAAC, como universidad pública con más de tres siglos de historia, no puede seguir tolerando que el acoso se repita. No basta tener normas; es indispensable que se apliquen. La universidad tiene la responsabilidad de garantizar condiciones mínimas que protejan a sus estudiantes. Ningún docente denunciado debería permanecer en funciones mientras se desarrolla la investigación. Desde el primer momento, las víctimas deben recibir acompañamiento médico, psicológico y legal. Asimismo, los protocolos deben activarse con rapidez y eficacia, evitando que los casos se dilaten o se archiven sin resultados. Y junto a ello, es fundamental que se implementen campañas de sensibilización permanentes.
La inacción, la demora y el silencio no solo son negligencia, son cómplices del acoso. Complicidad con un sistema de jerarquías que protege al agresor y expone a las estudiantes. Denunciar no debería significar poner en riesgo el futuro académico ni profesional de nadie.
Hoy la UNSAAC tiene la oportunidad de demostrar si está a la altura de su historia o si seguirá siendo una institución donde el poder pesa más que la justicia. Lo que está en juego no es solo la reputación universitaria, sino el derecho a una educación pública de calidad y segura.
Fuente:
- Informe de Visita de Control N° 007-2025-OCI/0223-SVC del Órgano de Control Institucional de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
- Aprobado mediante Resolución Nro. CU-237-2025-UNSAAC.
- Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, publicada el 27 de enero de 2003.
- Resolución Nro. R-656-2025-UNSAAC, 30 de mayo de 2025.
- https://www.instagram.com/contra.hostigamiento.sexual/
