El Perú ingresa a un nuevo ciclo de expansión minera con efectos visibles sobre las comunidades
El Perú parece encaminarse hacia un escenario de creciente desprotección de sus ciudadanos y de la naturaleza de la cual depende de manera integral. En un contexto global marcado por la crisis climática y la demanda de minerales para la transición energética, el país se inserta como proveedor de materias primas estratégicas, especialmente cobre, pero a un costo ambiental, social y humano cada vez más evidente. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el país estaría ingresando a un nuevo superciclo del cobre. El precio promedio alcanzó los 4.81 dólares por libra, con un incremento del 6.57 %, impulsado por la menor oferta global y la fuerte demanda de minerales críticos para la transición energética.
Este escenario ha acelerado de manera significativa la expansión de concesiones mineras a lo largo del territorio nacional. Solo en octubre de 2025 se titularon 442 concesiones mineras, 32 de ellas en la región Cusco. Para mayo de 2025, el 17.7 % del territorio regional de Cusco se encuentra concesionado, con cifras alarmantes en provincias como Espinar (47.31 %), Chumbivilcas (65.33 %) y Quispicanchi (41.03 %). Mientras el norte global impulsa la llamada “energía verde”, países como el Perú asumen los impactos extractivos, profundizando su rol histórico de exportadores de materias primas.
Debilitamiento de la institucionalidad ambiental
En el país se advierte una tendencia preocupante: la flexibilización de las normas ambientales para facilitar inversiones extractivas, debilitando la protección ambiental y la salud pública.
En el caso de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la reorganización institucional propuesta mediante el DS 013-2024-MIDAGRI plantea serios retrocesos. Se diluye su rol en la identificación de fuentes contaminantes bajo el argumento de una competencia multisectorial, se proponen autorizaciones de vertimiento por tiempo indeterminado, se limita su opinión vinculante en los EIA y se omite la zonificación de cabeceras de cuenca.
Por su parte, el SENACE enfrenta presiones para acelerar la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, reduciendo los plazos de evaluación de 400 a 120 días hábiles, es decir, una disminución del 80 %. Bajo el argumento de reactivar inversiones, se corre el riesgo de aprobar proyectos altamente conflictivos sin el debido análisis técnico. Incluso se plantea el uso de inteligencia artificial en etapas clave del proceso, reduciendo la intervención de especialistas y comprometiendo la participación ciudadana, la rigurosidad técnica y la transparencia.
En medio de esta situación tan favorecedora para la extracción minera, las empresas como Antapaccay de la multinacional Glencore, sostienen que proyectos como Coroccohuaycco representan “una oportunidad histórica para el Perú” y son esenciales para garantizar el suministro de cobre para la transición energética. Sin embargo, la pregunta central persiste: ¿oportunidad para quién y a qué costo?
Espinar: más de una década de crisis ambiental y de salud
Las comunidades del área de influencia de la operación minera Antapaccay, en la provincia de Espinar, denuncian desde hace más de diez años impactos ambientales persistentes. Frente a estas alertas, la empresa sostuvo reiteradamente que la contaminación respondía a procesos de “mineralización natural”, eludiendo responsabilidades. Entre 2022 y 2023, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó la Evaluación Ambiental de Causalidad más completa desarrollada hasta la fecha en la zona, produciendo siete informes técnicos sobre aire, agua, suelo, flora y fauna. Estos estudios fueron cuestionados por Antapaccay mediante informes privados que buscaban desacreditar la metodología empleada por la entidad estatal especializada en el tema. No obstante, en marzo de 2025, el Tribunal de Fiscalización Ambiental confirmó la validez del estudio de aire. Posteriormente, en octubre de 2025, OEFA sancionó a la empresa con una multa de 1,040.988 UIT (aproximadamente 5.75 millones de soles) por no implementar medidas de mitigación en el Tajo Sur, afectando directamente a la comunidad de Alto Huarca.
Impactos que superan el área de influencia oficial
Uno de los hallazgos del estudio de causalidad es que los impactos ambientales exceden ampliamente lo previsto en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado en 2019, Un caso crítico es el de la comunidad de Alto Ayraccollana, que no figura dentro del área de influencia directa de la mina, donde se detectaron niñas de 7, 8 y 10 años con arsénico en sangre. No solo falló en identificar adecuadamente los impactos ambientales, sino que también fue incapaz de anticipar la verdadera magnitud de los daños posteriormente documentados y sancionados, lo que evidencia graves deficiencias en su elaboración y confirma la imperiosa necesidad de someter los EIA a evaluaciones exhaustivas y rigurosas para evitar la repetición de impactos de esta magnitud.
La Segunda MEIA de Antapaccay y el riesgo de desaparición de comunidades
Mientras enfrenta sanciones ambientales, Antapaccay impulsa la Segunda Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), que plantea una expansión significativa de sus operaciones. Entre las principales modificaciones se incluyen la ampliación del Tajo Sur y la profundización del Tajo Norte en Antapaccay, nuevos botaderos y el mayor incremento de relaves en Tintaya y la transformación total del proyecto Coroccohuayco a una explotación 100 % a tajo abierto. Esta expansión afectaría directamente a tres comunidades originarias: Paccopata, cuyo territorio se vería comprometido en un 100 %; Huini Coroccohuayco, en un 95 %; y Huano Huano, en un 3 %. No se trata únicamente de una reducción territorial, sino de un riesgo real de desaparición física, social y cultural. Pese a ello, el discurso corporativo continúa apelando a la narrativa de la “minería verde”, mientras en el territorio se consolidan procesos de despojo y debilitamiento comunitario.
Salud humana: evidencia grave y abandono estatal
La situación sanitaria en Espinar y en la región Cusco es alarmante. Según el Observatorio Nacional de Metales Pesados y Metaloides en Salud Humana, en 2025 en Cusco se dosaron 1,642 personas, detectándose altos niveles de arsénico en 1,116 casos. En la provincia de Espinar, de 984 personas evaluadas, 790 presentaron arsénico en el organismo. Pese a existir una sentencia para la atención a la salud, no se cuenta con vigilancia periódica, equipamiento adecuado, personal especializado ni infraestructura para la atención de intoxicaciones. Los dosajes recientes continúan mostrando niñas de 10 años con niveles peligrosos de arsénico, sin que exista capacidad instalada para atenderlas de manera integral.
La empresa no puede seguir evadiendo responsabilidades, y el Estado no puede seguir postergando la atención ambiental y de salud y permitirse flexibilizar las normativas ambientales y dejar en desprotección a sus ciudadanos/as y el medio ambiente.
Por: Liliana Peña Soncco – Antropóloga
