El juez Leodan Cristóbal Ayala declaró inconstitucional la Ley N° 32419 un caso que involucra torturas, violaciones y asesinatos de comuneros en abril de 1990. La decisión abre camino a la justicia frente a intentos de impunidad.
¿Qué ocurrió en abril de 1990 en Chumbivilcas?
La masacre ocurrió en abril de 1990 en la comunidad de Collpa Ccasahui, provincia de Chumbivilcas, región Cusco, cuando una patrulla militar de la Base Contrasubversiva de Antabamba (Apurímac) detuvo a un grupo de campesinos acusándolos de pertenecer a grupos subversivos. Tras ser torturados, fueron conducidos semidesnudos y ensangrentados hasta el cerro Capollullo, donde fueron dinamitados y luego ejecutados con disparos para asegurar su muerte. Los hechos incluyeron detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violencia sexual perpetrada por efectivos militares.
¿Quiénes están procesados?
Ocho militares en retiro enfrentan cargos por estos hechos, y la Fiscalía pide para ellos 35 años de cárcel:
- Jaime Manuel Pando Navarrete
- Alan Edwar Olivari Medina
- Mario Cruz Porcela
- José Santiago Pérez Quispe
- Felipe Montañez Ccama
- Beltrán Tapia Carrasco
- Federico Cahuascanco Pucho
- Alberto Alvis Medina
¿Qué pasó con la Ley de Amnistía?
En agosto de 2025, el Congreso aprobó la Ley N° 32419, que buscaba otorgar una amnistía humanitaria a policías y militares mayores de 70 años. Aunque la norma excluía casos de terrorismo y corrupción, abría la puerta a la impunidad en graves violaciones de derechos humanos.
Amparados en esta norma, las defensas de los ocho exmilitares pidieron acogerse al beneficio. Sin embargo, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Leodan Cristóbal Ayala, declaró infundada la solicitud.
El magistrado aplicó control difuso y resolvió que la ley era “inconstitucional y anticonvencional”, pues vulnera derechos fundamentales como la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
¿Qué dice la justicia internacional?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ordenó al Perú abstenerse de aplicar la Ley de Amnistía mientras analiza el caso de fondo, reforzando la obligación del Estado de no consolidar impunidad en crímenes de lesa humanidad.
¿Qué significa este fallo?
La decisión judicial no cierra el proceso, las defensas apelarán y el caso seguirá en debate. Sin embargo, representa un hito, los crímenes cometidos en Chumbivilcas no pueden ser borrados con leyes que contradicen la Constitución y el derecho internacional.
El impacto de la impunidad
Cada intento de aplicar una amnistía profundiza la herida de las comunidades campesinas, que han esperado más de tres décadas por justicia. Recordar a las víctimas y las mujeres violentadas es un acto de memoria que exige garantías de no repetición.
El caso Chumbivilcas nos recuerda que la justicia no es negociable. sin verdad ni reparación, la democracia se debilita y las víctimas vuelven a ser silenciadas.
