Redacción DHSF
El Poder Judicial reprogramó la audiencia de sustentación de cargos contra los presuntos autores mediatos de la política de esterilizaciones forzadas, tras la presión mediática hecha por diferentes colectivos feministas, organizaciones de derechos humanos y ciudadanas.
La diligencia virtual fue fijada para el próximo 1 de marzo a las 9:30 de la mañana, según lo dispuso el juez Rafael Martínez Vargas, titular del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado a través de una resolución, la cual también señala que la nueva fecha será comunicada a la Defensoría Pública para que designe abogados defensores públicos a efectos de representar a los denunciados en la audiencia y a la administradora de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada a fin de solicitar un intérprete de quechua en diferentes variantes (Cusco, Ayacucho, Ancash, Huancavelica y otros).
Esta vez, se espera que la audiencia se realice y no se vuelva a su suspender tal como ha ocurrido en tres oportunidades. El pasado 11 de enero, se frustró la diligencia por falta de intérpretes de las distintas variantes de quechua para las víctimas quechuahablantes, que en total son 1321 denunciantes. Esta situación provocó que decenas de voluntarias se organicen y realicen banderolazos simultáneos en Lima y Cusco. También nuestra institución Derechos Humanos Sin Fronteras, Somos 2074 y Muchas Más, Demus, entre otras organizaciones, participaron activamente en estas acciones que fueron difundidas en las redes sociales.
En esta esperada audiencia de sustentación de cargos se decidiría si se da inicio o no a una investigación judicial contra el expresidente Alberto Fujimori Fujimori junto a sus exministros de Salud, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong Motta, entre otros, denunciados en el 2018 por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud -lesiones graves- seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos, en agravio de María Mestanza Chávez y otras personas.
Vale precisar que la política fujimorista de esterilizaciones forzadas se aplicó en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996 y 2000 a más de 300 mil mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas que vivían en zonas rurales y urbano populares.
