‘Hacen falta más de 16 mil médicos especialistas’ señalaba hace dos meses un titular del diario ‘La República’, esta declaración fue de la ex ministra de Salud, Zulema Tomás, durante la conmemoración del Día del Médico Peruano. A esto se sumaban las declaraciones de la Dra. Tania Lopez, Jefa de la Unidad de atención de personas Expuestas a Metales Pesados y otras sustancias del MINSA, precisando que en el Perú “no tenemos suficientes especialistas en toxicología”. Esta situación es realmente preocupante, pues el propio MINSA informó que en el 2018 que se habían detectado cerca de 5.000 casos de personas afectadas por metales tóxicos, de los cuales el 84% son niñas y niños menores de 12 años.
Al 2018, el MINSA mostraba que Cusco ocupa el 4to lugar con 923 casos de personas expuestas a metales pesados, los cuales representan el 13% de casos a nivel nacional¹. Por otro lado, según la DIRESA², en la provincia cusqueña de Espinar, al 2019, se han realizado 1621³ dosajes a personas que habitan en comunidades cerca al proyecto minero Antapaccay, y otra parte a pobladores de otros distritos.
Se sabe que, de las comunidades campesinas evaluadas durante el 2010, el 100 % de las personas, tuvo niveles biológicos detectables de Arsénico, Cadmio, Mercurio y Plomo. Durante el 2013 el informe final oficial del MINSA señala que los resultados en su mayoría evidenciaron la presencia de arsénico (100%), cadmio (90%), plomo (100%), manganeso (70%), mercurio (88%) y talio (100%). Finalmente, a partir de los resultados emitidos durante el 2018 se determinó que de 896 personas dosadas el 79.1 % presenta arsénico, el 2.01 % cadmio, el 0.67 % mercurio y el 0.22 % plomo, todas estas cifras generan gran preocupación y angustia en las personas que habitan la zona de influencia minera.
La persistente lucha de Espinar en materia de salud ambiental y humana
En ese escenario tan adverso recordamos que la lucha de Espinar por reivindicar sus derechos en la defensa de su salud humana y ambiental tiene una larga data, Melchora Surco – presidenta de ADEPAMI (Asociación para la Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería), denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington – EEUU, que su derecho a la salud, y el de su comunidad, no estaba siendo protegido por el Estado Peruano. Melchora también fue la promotora, junto a la comunidad de Huisa, la FUCAE, y otras organizaciones, en iniciar una demanda legal de cumplimiento contra diferentes instancias de gobierno: MINSA, MINAM, GORE Cusco, DIRESA, ANA y otros, para que se diseñe e implemente una estrategia de salud pública de emergencia para atender los problemas ambientales y de salud humana de Espinar.
El año 2017, Espinar se articuló a la Plataforma Nacional de Afectados y afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, que busca la creación de políticas públicas en favor de las comunidades andinas y amazónicas que se encuentran expuestas y afectadas por la presencia de metales pesados en su ambiente, y que terminan generando toxicidad en sus cuerpos. Muchas de estas zonas identifican a los proyectos mineros y de extracción de hidrocarburos como los principales causantes de los daños a su salud.
Para el 2018 se exigía que la Municipalidad de Espinar asuma su rol de garantizar y asignar presupuestos para atender a las comunidades afectadas por metales tóxicos. Ante la insistencia de varias comunidades se discutía en las reuniones del Convenio Marco la posibilidad de asignar presupuesto del XIII aporte que recibiría la Municipalidad Provincial de Espinar (MPE) y luego sería destinado a atender a las comunidades de influencia directa del proyecto minero Antapaccay a partir de la ejecución de un plan extramural, el cual propiciaría la adquisición de unidades móviles que puedan atender en las mismas comunidades a las y los afectados de salud, y que contaría con un presupuesto estimado de 3 millones de soles para 2 años.
Durante el 2019 las comunidades de Espinar pedían con mayor interés ser involucrados como actores de los procesos de atención planificados por la DIRESA Cusco, así mismo se exigía a la MPE mayor involucramiento para una acción conjunta que marque un nuevo proceso de atención en salud. Es por ello, que en las oficinas de DHSF4 logran consensuar compromisos y actividades para una atención integral con enfoque intercultural y de respeto por sus derechos humanos. Por primera vez, instancias de gobierno, municipalidad, y organizaciones de la sociedad civil se ponían de acuerdo previamente para mejorar la atención en salud.
Logros y desafíos con miras al 2020
Es necesario analizar, con mucha esperanza e inspiración, a las comunidades y sus voceras/os quienes a partir de su lucha incansable han promovido y buscan seguir generando políticas para atender su salud. Reconocer que todos estos años no han sido en vano, sino por el contrario han generado que el Juez del Juzgado Mixto de Espinar emita la sentencia para que el gobierno elabore una estrategia que contemple un plan de vigilancia epidemiológica y sanitaria, y se encargue de establecer atención médica pertinente con especial atención a niños, madres gestantes y adultos mayores.
Han despertado el interés de excongresistas como Wilbert Rozas y Oracio Pacori, para promover los proyectos de Ley N° 1256 y N° 2740, que promueven la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas. Queda pendiente para el nuevo Congreso de la República aprobar estos proyectos para beneficiar a miles de peruanos olvidados en su atención de salud, pero recordados por habitar en territorios ricos en minerales.
Así mismo, durante el 2019 se desarrolló la cuarta audiencia de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la Republica disuelto, donde se informó los “Avances para la prevención y atención integral de la afectación de la salud por contaminación con metales pesados y otros asociados a minería e hidrocarburos”. Uno de los casos emblemáticos para emprender este estudio fue el Caso Espinar, además, el espacio evidenció las deficiencias para la creación de la Comisión Multisectorial que debería conformarse por diferentes ministerios, para ayudar a prevenir, mitigar, y atender a las y los más de 7000 afectados por metales tóxicos.
Muchas de las acciones políticas y públicas han dado la razón a las y los afectados de Espinar y de todo el país, es urgente que se emitan políticas en favor de estas zonas para velar y proteger su salud. Lo que le queda ahora como tarea urgente al Estado Peruano, con miras al bicentenario, es actuar ¡ya! para disminuir y atender de manera integral los principales problemas de estas comunidades afectadas por las actividades extractivas, el costo del “desarrollo económico” no puede estar por encima de la vida de nuestras hermanas y hermanos•
1 Datos obtenidos de la R.M. 979-2018/MINSA. Disponible en línea en el siguiente link: https://bit.ly/2YzeU40
2 Plan de acción de salud integral para la población en riesgo a metales pesados y metaloides, en las provincias de Espinar, Chumbivilcas y La Convención Cusco 2019 – 2021.
3 Incorporamos además los 506 casos de personas que fueron dosadas en el 2010 a partir de un estudio pagado por la empresa minera Quechua al MINSA. Información disponible en: https://bit.ly/2P6iC2g4 Puede encontrar el desarrollo de la reunión en el siguiente enlace: https://bit.ly/343OHMf
