RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:
- Saludamos la realización de estas elecciones generales, presidenciales y congresales, que se realizan por tercera vez consecutiva, luego de que se recuperara la democracia vulnerada por un gobierno dictatorial.
- Cabe recordar que el gobierno de Alberto Fujimori flexibilizó las normas en materia económica, ambiental y social para captar inversiones a cualquier costo, por medio de una serie de decretos legislativos. Luego, Alan García hizo lo propio, lo que condujo a hechos tan lamentables como lo ocurrido en Bagua; el actual gobierno ha continuado en esa misma línea, afectando seriamente, entre otras, la institucionalidad ambiental.
En los últimos 25 años nuestra economía ha profundizado su dependencia a la explotación de materias primas -especialmente minerales- sin ningún valor agregado. Asimismo, los ingresos percibidos por el Estado producto de este tipo de actividad, no han sido los que corresponderían recibir en un largo periodo de bonanza. Además, esos ingresos no han sido utilizados para apalancar el desarrollo del país. Un ejemplo de ello es Cajamarca. Esta región tiene la mina de oro más grande de América Latina y la cuarta en el mundo y, sin embargo, es una de las más pobres del Perú.
- Es necesaria una diversificación de nuestra economía para no depender de una sola actividad productiva y evitar ser tan vulnerables a los precios de los minerales, así como al mercado internacional. No podemos seguir presionando sobre los territorios con proyectos extractivos sin tener en claro su capacidad de soporte, al igual que la viabilidad económica, ambiental y social de los proyectos extractivos. Para determinarlo esto, es imprescindible impulsar el ordenamiento territorial de manera decidida, en el país.
- Son indispensables una serie de políticas públicas y una Ley de Ordenamiento Territorial que establezcan dónde se puede, o no, realizar actividades mineras, considerando las potencialidades y debilidades de nuestras regiones, protegiendo debidamente nuestros nevados, glaciales y ecosistemas de montaña que son los generadores de recursos hídricos, además de las tierras agrícolas que son de importancia para nuestra seguridad alimentaria (sólo 7% a nivel nacional están destinadas para ello).
- La protección de la salud ambiental y el tratamiento de los pasivos ambientales ha quedado de lado, por lo que hoy es una ocupación prioritaria. El Estado sólo ha avanzado en tener un inventario nacional de pasivos que alcanzan los 9 mil, pero no se han establecido políticas, ni normativas para su necesaria remediación, ni tampoco para la prevención del daño a la salud y la atención médica especializada de las personas afectadas.
- La minería ilegal e informal es otro problema nacional. Lamentablemente el programa de formalización ha sido un fracaso. Por ello, se debe promover alternativas de desarrollo productivo y sostenible en las zonas donde el incremento de la minería ilegal e informal ha sido explosivo; de esta manera las personas podrán tener otra opción económica, y así romper el círculo vicioso: pobreza, dependencia de la actividad extractiva, falta de oportunidades y de diversificación productiva, minería ilegal e informal. Además es necesario establecer las responsabilidades de quienes promueven la minería ilegal e informal en toda la cadena de valor. No basta con las interdicciones realizadas, es necesaria una intervención que responda a todos los factores que la propician.
- Los derechos de las comunidades campesinas y nativas también es un tema pendiente. Éstos se han visto afectados, en especial el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra con los paquetazos normativos dictados por el actual gobierno, que desconoce normas internacionales que los amparan, y viene facilitando el otorgamiento de concesiones mineras y otros derechos, sin haber cumplido con entregar títulos de propiedad a las comunidades como corresponde, a esto se le suma la no aplicación de la consulta previa en minería a proyectos en los que había obligación de hacerlo, según lo ha señalado la Defensoría del Pueblo.
- No se debe dejar de lado la conflictividad social, cuyo abordaje debe darse desde la prevención. Esto tiene que ver con mecanismos de diálogo en fases tempranas, y la aplicación reglas justas y respetuosas de los derechos humanos que establezcan una relación simétrica entre los actores. En consecuencia, la utilización de los Estados de Emergencia, la militarización de las zonas de conflicto y la criminalización de la protesta no son una solución a la demandas que tienen sectores de la población para protección de sus intereses y derechos; por el contrario, a la larga este tipo de medidas crean una situación que le resta legitimidad al Estado.
Finalmente, a través de su campaña “Volvamos a las propuestas”, RED MUQUI busca poner en el centro de la discusión, temas relevantes para el país, los mismos que también están incluidos en nuestra agenda “Propuestas de Políticas públicas para una nueva minería en el Perú”, compilación que hicimos llegar a los candidatos/as, que fue difundido a nivel nacional en su momento, y que se pueden encontrar en nuestra web: www.muqui.org y Fan Page:www.facebook.com/redmuqui
Esperamos que éste 10 de abril, la ciudadanía asuma un voto responsable e informado que nos permita tener autoridades que sean las más idóneas para orientar nuestro futuro, y que se tomen en cuenta nuestras propuestas en materia de minería, ambiente y comunidades.
RED MUQUI
