Frente a la información que da cuenta de los presuntos vínculos existentes entre el presidente del Poder Judicial José Luis Lecaros Cornejo y personajes implicados en una red de influencias y favores, que comprometen la institucionalidad del sistema de justicia y del Poder Judicial, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, expresa lo siguiente:
1. Distintos medios periodísticos han dado cuenta de hechos que confirmarían los vínculos existentes entre el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, y personajes implicados en una red de influencias y favores que afecta la institucionalidad del sistema de justicia y del Poder Judicial. Esto, de acuerdo al Informe de la fiscal Adjunta Suprema Provisional, Fany Quispe, que resume y corrobora la confesión de un colaborador eficaz. Los hechos revelados comprometerían al presidente del poder judicial con el empresario Salvador Ricci Cortez y el ex-vocal supremo César Hinostroza Pariachi, entre otros personajes actualmente investigados por la fiscalía.
2. Estos presuntos vínculos afectan seriamente la apariencia de independencia del Presidente del Poder Judicial, cuyas decisiones son determinantes en los procesos anticorrupción que actualmente se siguen en el sistema de justicia, así como en la Comisión Especial que debe elegir a las y los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En este sentido, preocupa que sus decisiones no garanticen la independencia e imparcialidad de los miembros que conformarán la JNJ, instancia que por lo demás, podría sancionarlo en el marco de las investigaciones que se siguen a altos funcionarios del sistema de justicia. Por esta razón exigimos la renuncia inmediata del juez supremo José Luis Lecaros Cornejo a la Presidencia del Poder Judicial, y en consecuencia su inmediata separación de la Comisión Especial de la JNJ. Con dichos cuestionamientos, no hay garantías suficientes o mínimas, ni se promueve la esencial legitimidad ante la ciudadanía, más aun cuando nos encontramos en un proceso delicado de fortalecimiento del sistema de justicia luego del escándalo de los CNMaudios.
3. Es de suma importancia considerar que ya otros altos funcionarios del Poder Judicial han presentado su renuncia en circunstancias similares. El ex-presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, tomó la decisión de apartarse del cargo cuando estalló el escándalo de los CNM audios, al conocerse que uno de los audios lo implicaba en conversaciones sostenidas por miembros de la red criminal de “Los Cuellos Blancos”. Otro antecedente importante es la renuncia del magistrado Manuel Quintanilla Chacón, el mismo día que se conoció una conversación sostenida con el ex-juez César Hinostroza Pariachi. Estas renuncias han procurado salvaguardar la institucionalidad del Poder Judicial, independientemente de la responsabilidad disciplinaria o penal que correspondiere en los casos que son materia de investigación por parte del Poder Judicial u otro órgano del Estado.
4. Por lo antes señalado, desde la CNDDHH demandamos un Poder Judicial libre de toda sospecha. Consideramos que las y los integrantes del Poder Judicial deben estar libres de cuestionamientos que comprometan su apariencia de independencia e imparcialidad, y deben constituirse en un referente fundamental para la defensa del Estado de Derecho. En este sentido, la Sala Plena del Poder Judicial debe pronunciarse sobre la situación del Presidente del Poder Judicial. Asimismo, corresponde a la Comisión Especial de la JNJ garantizar la conducta intachable de sus miembros, razón por la que también debe pronunciarse sobre el caso del Presidente del Poder Judicial.
5. Al mismo tiempo, desde la CNDDHH saludamos la importancia y oportunidad del Informe de la fiscal Adjunta Suprema Provisional, Fany Quispe, el mismo que ha sido elevado a la máxima autoridad del Ministerio Público, la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, para que se determine si se inicia una investigación contra el Presidente del Poder Judicial por estos serios indicios. El caso de los CNMaudios, recordemos, es un referente internacional, y ha sido puesto en conocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al violar derechos fundamentales como el acceso a la justicia y el de un juez independiente e imparcial.
Finalmente, reiteramos la urgencia y necesidad de fortalecer la lucha anticorrupción en el país, así como la necesidad de contar con un sistema de justicia, jueces y fiscales libres de toda sospecha que ponga en duda su independencia, transparencia e idoneidad.
Lima, 12 de noviembre del 2019
