URGE QUE EL GOBIERNO ATIENDA LAS LEGÍTIMAS DEMANDAS
DE LAS POBLACIONES DEL SURANDINO
¡No a la criminalización de la protesta social!
¡Por una nueva Ley General de Minería con participación de las poblaciones afectadas!
Frente a la continuidad de las legítimas protestas de los pobladores del Valle de Tambo en Arequipa, la paralización en Moquegua, el anuncio de movilizaciones en el “corredor minero” de Cusco y Apurímac, y la reciente sentencia emitida por el Juzgado Colegiado Penal de la Corte Superior de Justicia de Puno en contra del exdirigente aymara, Walter Aduviri Calisaya, los miembros de la Red Muqui Sur manifestamos a la opinión publica lo siguiente:
1.- La población del Valle de Tambo lleva más de 30 días de paro indefinido defendiendo sus derechos y la agricultura, de la que viven más de 20 mil familias. Advertimos que en este conflicto están escalando la represión y la violencia, negando lo que el mismo presidente de la República, Martin Vizcarra, ha declarado: “No se pueden imponer proyectos a costa de muertos como se ha hecho en el pasado”. La militarización y la acción policial en el Valle de Tambo abre una puerta enorme para la vulneración de derechos, por lo que llamamos a que se anule la licencia de construcción en el plazo inmediato y se abra un debate nacional para discutir una nueva Ley General de Minería con la participación de todos los actores involucrados.
2.- Las protestas que hoy se extienden a nivel del sur peruano: en Moquegua por el proyecto minero Quellaveco, en Arequipa por el proyecto Tía María, en Cusco y Apurímac por el incumplimiento de acuerdos de parte del gobierno central y de las empresas mineras en el corredor minero, son legítimas, las poblaciones y comunidades afectadas lo único que exigen es el respeto a su territorio, medio ambiente y a sus modos de vida. Por lo que urge que el gobierno central establezca mecanismos de diálogo institucionales que garanticen el respeto a los derechos humanos de estas poblaciones.
3) En relación al caso del exdirigente aymara, Walter Aduviri, que fue sentenciado a seis años de prisión efectiva, más el pago de 2 millones de soles por el delito de disturbios en calidad de coautor no ejecutivo por los sucesos ocurridos en el conflicto socioambiental del 2011 en Puno, manifestamos nuestra preocupación por el precedente jurídico negativo que genera esta sentencia para otros casos de criminalización de la protesta social que estamos acompañando en Puno, Cusco y Apurímac.
El conjunto de estos casos evidencia que el actual modelo minero en el país está desgastado, por lo que se necesita un nuevo marco jurídico que realmente regule la actividad minera y que garantice los derechos de las comunidades y poblaciones afectadas. Por ello, exhortamos que el gobierno nacional lidere y facilite un proceso para definir la nueva Ley General de Minería con la participación de la sociedad civil y las poblaciones afectadas por las actividades mineras.
Puno, 16 de agosto del 2019.
Miembros de Muqui Sur: APRODEH, CADEP – JMA Cusco, Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco, Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno, Instituto Sur Andino de Investigación y Acción Solidaria, Instituto de Estudios de las Culturas Andinas – IDECA Puno.
