Ica: Este viernes 20 de setiembre, después de una postergación, deberá reiniciar el juicio oral contra el ex alcalde de la provincia cusqueña de Espinar, Oscar Mollohuanca y los ex dirigentes sociales Herbert Huamán y Sergio Huamaní, quienes vienen afrontando un largo proceso penal por participar en la movilización social de mayo del 2012, exigiendo respeto al medio ambiente a la empresa minera Glencore Xstrata y al Gobierno Nacional. La Fiscalía los denuncia por delitos de atentado contra la seguridad pública, disturbios y otros, por haber participado en la protesta social del año 2012,
El 17 de julio del 2017, el Juez del primer juzgado unipersonal de Ica, absolvió a Oscar Mollohuanca, ex alcalde de Espinar, así como a Herbert Huamán y Sergio Huamaní presidente y vicepresidente del Frente de Defensa de Espinar (FUDIE) y los declaró inocentes. La Fiscalía había solicitado 20 años de prisión efectiva, y una reparación civil de 100 mil soles. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público del Ministerio del Interior y el Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica apelaron esta sentencia.
Hace más de un año, la Primera Sala de Apelaciones y Flagrancia de Ica, conformado por los magistrados Osmar Albujar De La Roca, José Javier Magallanes Sebastián y el Juez Rafael Fernando Salazar Peñaloza, decidieron declarar nula la sentencia que absuelve a dichos dirigentes cusqueños y ordenaron un nuevo juicio, los argumentos de los jueces fueron que la sentencia de primera instancia no tenía el debido sustento, sin embargo, el Juez en primera instancia si hizo una correcta fundamentación.
Desde las organizaciones de derechos humanos se ha indicado que este proceso judicial seguido a los tres líderes fue injusto desde el principio, ya que no se respetaron principios constitucionales como ser juzgados en su lugar de origen y no en la región de Ica. Por otro lado, no se puede denunciar a dirigentes por ejercer de manera legítima su derecho a la protesta social. Este proceso se ha convertido en un ejemplo simbólico de como el Estado Peruano ha mantenido su política de criminalización de la protesta social.
