A las 3:00 p.m. del 31 de marzo, defensores ambientales y de su territorio del distrito de LLusco, se presentaron ante el Poder Judicial de Cusco, donde se tenía que instalar la audiencia de juicio por los presuntos delitos de secuestro, violación de domicilio, robo agravado, daño agravado, delitos contra los medios de transporte y disturbios, en contra de la empresa minera ANABI S.A.C. Sin embargo, esta se reprogramó para el 30 de mayo a horas 3:30 de la tarde.
Es importante señalar que La Fiscalía, en una primera oportunidad, había solicitado 35 años de pena privativa para cada uno de los defensores, así como una reparación económica superior a los 3 millones de dólares a favor de la minera.
HECHOS
Entre diciembre de 2011 y febrero 2012, iniciaron las protestas contra la minera Anabi S.A.C. ubicado en el distrito de Llusco, debido a los impactos ambientales por contaminación en la cuenca del rio Yahuarmayo, conocido como El Molino, el deterioro de la carretera y del puente Santo Tomás por el tránsito de vehículos mineros de alto tonelaje. Hubo mesas de diálogo y compromisos que no fueron complidos por el Estado que agravó las protestas.
Después de varios años de juicio, el 2020 y 2022, jueces de dos instancias judiciales determinaron que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones contra los diez exdirigentes y defensores ambientales de Llusco. Además, señalaron que la investigación realizada fue deficiente. Asimismo, el 25 de marzo de 2024, se celebró la Audiencia de Casación ante la Corte Suprema de Justicia de la República. En este contexto, la Fiscalía y la Procuraduría del Ministerio del Interior apelaron la sentencia y presentaron un recurso extraordinario de Casación, lo que llevó a la anulación de la sentencia.
Los ex dirigentes de comunidades originarias, acusados son: Luciano Ataucuri Chávez, Julíán Alejo Ataucuri Mancilla, Samuel Acero Hurtado, Edgardo Aguirre Pacheco, Grimaldo Asto Puma, Urbano Cjula Cáceres, Esteban Alvis Ccahuana, Jaime Mantilla Chancuaña, Wílber García Huaycani y Victoria Quispesivana Corrales.
Los abogados de EarthRights International (ERI) y Derechos Humanos Sin Fronteras, quienes asumen la defensa legal de siete defensores criminalizados, señalaron que este caso constituye un claro ejemplo de la criminalización de personas defensoras del medio ambiente que buscan proteger los recursos naturales de sus comunidades. En su declaración, destacaron que el Estado no cumple con sus obligaciones internacionales de protección a las personas defensoras del medio ambiente y los derechos humanos. En lugar de ello, persigue y acusa a estos defensores a través de procesos judiciales prolongados y carentes de pruebas.
Actualmente, Cusco sigue siendo el segundo departamento con mayor conflictividad social y ambiental debido al extractivismo, según el registro periódico de la Defensoría del Pueblo. En este contexto, se sostiene que el conflicto no puede resolverse a través de la criminalización y estigmatización de los dirigentes sociales.
Área de Comunicación e Incidencia Política – DHSF
