Por Soc. José Antonio Lapa Romero – Área de Comunicación e Incidencia de DHSF
El corredor minero viene siendo atravesado por procesos de diálogo que avanzan a pasos de tortuga y mucho cálculo político como en Cotabambas y Espinar, y diálogos frustrados en Chumbivilcas (Ccapacmarca y Colquemarca); criminalización de líderes y autoridades comunales, y estado de emergencia en Ccapacmarca y Urinsaya (Espinar). Así, en estas líneas nos centraremos en analizar las estrategias estatales que vienen siendo desplegadas para garantizar los intereses de transporte minero por parte del Estado.
- Transporte minero: impactos, conflictos y uso de tierras comunales
Desde inicio de sus operaciones MMG Las Bambas ha intensificado el transporte minero en unas 800 unidades, y con ello la producción y el traslado de mineral que llegó el 2018 a 385,308 TMF que han generado el incremento y la intensificación de los conflictos, y de los impactos ambientales, sociales y económicos en las comunidades y distritos por donde transita el concentrado de mineral y otros insumos: polvareda que afecta a los animales, pastos, cultivos y la salud de los ciudadanos/as, ruido que afecta las actividades escolares y la vida cotidiana, vibración de los camiones de carga pesada que afecta las viviendas aledañas a la vía, y el incremento del tiempo y costo en el transporte público. Impactos que llevaron a que OEFA el 2019 ordene la actualización y/o modificación del EIA dado que: en ruido se excedió en 22 puntos por el transporte de concentrado (de 26), se excedió el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) de agua en 18 puntos de captación usado para el riego de la carretera (de 75) y se encontró presencia de cobre en suelo en 19 puntos por encima de la normatividad internacional (de 54)[1].
Transporte que de un inicial mineroducto se cambió a transporte minero producto de la segunda modificatoria del EIA aprobada en el 2014[2] y fue reclasificado como vía nacional el 2018 (Resolución Ministerial N° 372-2018 MTC/01.02). Las tierras de las comunidades por donde transita el transporte minero nunca fueron expropiados, compensados, ni menos consultados por el Estado ni adquiridos por la empresa minera lo que ha abierto un campo político en disputa y negociación permanente entre las comunidades y distritos en relación a los impactos, beneficios y derogatoria. Así, el año 2019 Nueva Fuerabamba[3] (marzo), Mara, y Ccpacmarca y Colquemarca (octubre 2019 y febrero 2020) estuvieron en conflicto y negociación por las tierras que se usan para el transporte minero.
- Tres estrategias estatales
Una de las estrategias estatales para avanzar en la concreción del asfaltado del corredor minero ha sido dinero por tierras. Así, a los primeros anuncios de negociación en setiembre de la exministra de transporte sobre que “Nadie recibirá menos de 250,000 soles por hectárea”[4], continuo en diciembre la acción estatal para liberar y expropiar tierras en el corredor minero[5], luego del cual bajo la magia del maquillaje jurídico de le denominó “adquisición de áreas”[6] para bajar el encrespamiento que generó la palabra “expropiación”. En efecto, dado la conflictividad permanente en el corredor minero está claro que el Estado quiere avanzar lo más rápido posible para adquirir tierras, plata en mano, por lo que ya en enero ha avanzado con la comunidad de Arcospampa del distrito de Mara que “recibió el pago de 5 millones de soles, por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)”[7]. Dado que el proceso está siendo más lento de lo que habían previsto vienen actuando en diferentes frentes de persuasión/negociación al mismo tiempo, puesto que el objetivo es el asfaltado antes del 2021 que costaría a los ciudadanos/as del Perú un aproximado de US$788 millones para garantizar intereses privados: “El promedio del precio del metro cuadrado en todo el corredor es de S/ 25 y si existen construcciones, ese monto aumentaría. La meta es: queremos asfaltar todo el corredor minero antes del 28 de julio del 2021. Una vez asfaltado, lo convertimos en una vía con peajes y administrada públicamente. Además, acabamos con el problema del polvo”[8].
La otra estrategia está relacionada con inversión por alineamiento político. En efecto, el gobierno central ha empleado y sigue empleando los compromisos de inversión sobre los gobiernos locales como un mecanismo de cuasichantaje político para generación de estabilidad política, “si te portas bien, te doy inversión”. Esta estrategia tiene un claro objetivo de fragmentación en la negociación política dado que se busca generar consensos con las “autoridades legítimamente elegidas” –clásico discurso del gobierno central- y dejar en solitario a las organizaciones sociales y comunidades campesinas.
La tercera estrategia es el coercitivo relacionado a los estados de emergencia. Este mecanismo busca generar condiciones de estabilidad política ante los escenarios de conflictos y desmovilizar a las comunidades que quieren que se les restituya sus tierras. Así, ante la movilización y conflicto de marzo de 2019 en Nueva Fuerabamba, octubre en Ccapacmarca y Colquemarca en octubre de 2019 y en febrero de 2020 el Estado ha respondido declarando estado de emergencia y desplazando en promedio más de 500 policías. Los estados de emergencia no solo restringen derechos de los ciudadanos/as y constituyen un campo de riesgo de vulneración de derechos, sino tienen un efecto político que es generar miedo y desmovilizar a las comunidades.
El despliegue de estas estrategias muestran que el Estado ha dejado de ser garante de derechos de los ciudadanos y ciudadanas en el corredor minero, y se ha convertido en garante de los intereses de la clase empresarial minera en el Perú.
[1] OEFA. Fiscalización Ambiental Corredor Vial Ámbito de la Provincia de Chumbivilcas. Setiembre 2019.
[2] En la segunda modificatoria del EIA establece que se transportará concentrados de cobre y molibdeno en 125 camiones cargados por día y 125 camiones retornando sin carga, más 60 vehículos que abastecerán de insumos a Las bambas (En: Las Bambas. http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2015/10/2015-10-Las-Bambas-informe-OCM.pdf). Transporte que se ha cuadruplicado y que generan impactos en la población y el medio ambiente.
[3] Luego del conflicto uno de los acuerdos fue que: “507 campesinos recibirán un monto de 50 mil soles cada uno, y 153 comuneros jóvenes, recientemente incluidos en el padrón de la comunidad, recibirán S/ 30 mil cada uno”. En: LA REPÚBLICA. https://larepublica.pe/politica/1474620-minera-mmg-acepto-pagar-s-50-mil-s-30-mil-comunero-fuerabamba/. Este caso es importante para entender la dinámica actual en las comunidades dado que ha sido un caso que viene influyendo mucho en las expectativas de las comunidades del corredor minero.
[4] EL PERUANO. Precio justo por terrenos para construir el Corredor Vial Sur. 18 de setiembre de 2019. Consulta: 20 de febrero de 2020 <https://elperuano.pe/noticia-precio-justo-terrenos-para-construir-corredor-vial-sur-83511.aspx>
[5] DU N° 026-2019. Decreto de urgencia que aprueba medidas extraordinarias de liberación y expropiación de áreas y la implementación de las intervenciones viales temporales a realizarse en el corredor vial Apurímac – Cusco. 12 de diciembre de 2019.
[6] DU N° 027-2019. Decreto de urgencia que aprueba medidas extraordinarias de liberación y expropiación de áreas y la implementación de las intervenciones viales temporales a realizarse en el corredor vial Apurímac – Cusco. 14 de diciembre de 2019.
[7] LA REPUBLICA. MTC paga a comuneros por terrenos para el corredor vial Apurímac – Cusco. 17 de enero del 2020. Consulta: 20 de febrero de 2020 <https://larepublica.pe/sociedad/2020/01/17/mtc-paga-a-comuneros-por-terrenos-para-el-corredor-vial-apurimac-cusco-lrsd/>
[8] EL COMERCIO. Raúl Molina sobre Las Bambas: “Queremos asfaltar todo el corredor minero”. 2 de febrero de 2020. Consulta: 20 de febrero de 2020 <https://elcomercio.pe/peru/raul-molina-sobre-las-bambas-queremos-asfaltar-todo-el-corredor-minero-noticia/?ref=ecr>
