FECONAU es una de las federaciones más antiguas de la Amazonia peruana, la cual representa a más de 30 comunidades nativas pertenecientes a las tribus indígenas Shipibo-Konibo, Asháninka, Isconahua y Aguajum, asentadas en las provincias Coronel Portillo y Padre Abad en la Región de Ucayali de la Amazonia peruana. La federación trabaja por la defensa de los derechos de los pueblos indígeneas y sus territorios ancestrales, mientras que, IDL es una organización dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos en Perú.
El 11 de diciembre de 2017, un grupo compuesto por 11 miembros pertenecientes a la comunidad de Santa Clara de Uchunya, entre ellos: Carlos Hoyos Soria, James Lozano Sangama, Miguel Fasabi Sinuiri, Iván Flores Rodríguez, así como también Arturo Mori, Edinson Mahua (miembros de FECONAU) y Álvaro Másquez Salvador (miembro de IDL), decidieron explorar uno de los sectores deforestados que forman parte del territorio ancestral de la comunidad de Santa Clara de Uchunya, ubicados a media hora del Río Aguaytía. Algunos informes señalaban la presencia de invasores en esa zona. El grupo conformado por defensores y miembros de la comunidad llegó a un sembradío de plátano, propiedad de Fasabi Sinuri, que fue invadido por traficantes de tierra con el objetivo de obtener la constancia de posesión por parte de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Ucayali y así poder reclamar el derecho de propiedad sobre esas tierras.
Caminando entre los cultivos, el grupo vió una casa y decidió acercarse. Edinson Mahua, Arturo Mori, Carlos Hoyos Soria, James Lozano Sangama e Iván Flores Rodríguez encabezaban el grupo, cuando escucharon un disparo y vieron a un hombre cargando una escopeta entre los cultivos. Miembros de la comunidad indentificaron al hombre armado y señalaron su vinculación con la con la empresa de aceite de palma Ocho Sur P. S.A.C., ubicada a 5 kilometros de los cultivos. Segundos después, se ecucharon otros dos disparos, esta vez desde la casa, dirigidos a Edinson Mahua, quien estaba tomando fotos con su teléfono celular. Una de las balas rozó el torso del defensor, causando una lesión leve. Después del incidente, Iván Flores Rodríguez y Arturo Mori fueron hasta la casa para informar a los invasores que la tierra donde se encontraban era propiedad de las comunidades nativas. Sin embargo, los ocupantes aseguraron que ya estaban tramitando la constancia de posesión en la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Ucayali por 620 hectárias de tierra.
En el territorio del pueblo Shipibo de la Amazonía peruana, la comunidad de Santa Clara de Uchunya se enfrenta a la devastación de sus ríos y bosques ancestrales. Dicha devastación es ocasionada por la expansión de las plantaciones de aceite de palma. Existe un patrón de apropiación, los invasores obtienen la constancia de posesión de la tierra por parte de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Ucayali y luego venden dichas tierras a la empresa de acite de palma Ocho Sur P. S.A.C. El estilo de vida y seguridad de la comunidad de Santa Clara de Uchunya se ve amenazado cada vez más. Fasabi Sinuiri, Rodit Guerra Tenazoa y Huber Flores Rodríguez son más vulnerables, ya que viven más cerca de la companía de aceite de palma.
Desde agosto de 2015, más de 5000 hectárias de tierra han sido apropiadas y deforestadas por compañias de aceite de palma. Líderes idígenas y miembros de estas comunidades que protestan en contra de dichas actividades, enfrentan amenazas de muerte e intimidación por parte de las empresas de aceite de palma. A pesar de la orden des supención de actividades que dictó el Ministerio de Agricultura, las actividades de empresas de aceite de palma no han cesado. Defensoras y defensores de derechos humanos en Perú han denunciado la falta de consulta previa a los pueblos indígenas y la apropiación de territorios ancestrales, así como la afectación al medio ambiente y el estilo de vida de las comunidades locales. Las protestas en las localidades afectadas han sido fuertemente reprimidas por parte de la policía y el Ejécito del Estado peruano, haciendo uso excesivo de la fuerza. Las defensoras y los defensores en Perú que trabajan por la defensa de los pueblos indígenas y comunidades campesinas son criminalizados, objeto de ataques, brutalidad policial, difamasión y vigilancia.
Front Line Defenders está profundamente preocupado por los riesgos que enfrentan diariamente las defensoras y los defensores de derechos humanos para llevar a cabo su trabajo en Perú.
