Por: Helio Cruz Chuchullo – Área Legal de DHSF
Las dos últimas décadas en el Perú, paralelo a la explotación de recursos naturales, se ha seguido de forma continua los conflictos sociales en los que se expone un contexto de violación de derechos humanos, entre los cuales se destacan la contaminación ambiental, afectación a la salud de las personas, despojo de sus territorios, grave afectación a la identidad cultural, criminalización o persecución penal contra los defensores representantes sociales, incumplimiento de acuerdos que suscriben comunidades impactadas y empresa extractiva, entre otros.
Por un lado, la empresa extractiva se beneficia con los recursos naturales y, por otro lado, las comunidades enfrentan impactos y afectaciones ambientales que empeora su calidad de vida, su economía, su organización, su cultura hacen evidente una forma de convivencia conflictiva y diametralmente opuestas en intereses, así como toda una sistemática afectación de derechos humanos que el Estado no logra resolver.
Las comunidades afectadas por las empresas extractivas, además, sienten el abandono del Estado al no haber implementado mecanismos de participación ciudadana, consulta y consentimiento previo libre e informado antes de ser aprobado los estudios de impacto ambiental y decidir los términos y condiciones para la explotación de recursos naturales. El Estado peruano además ha aprobado políticas de flexibilización de normas ambientales.
En el Perú para resolver los conflictos sociales normalmente se acude a la declaratoria de estado de emergencia, al enfrentamiento de las fuerzas del orden (policía) contra la población dejando como resultado personas heridas de bala y otros con perdigones, se recurre también a la suscripción de convenios policiales e instalación de comisarias dentro de las operaciones mineras.
Dicho lo anterior resulta necesario emprender mecanismos de solución que puedan contribuir al mejor relacionamiento de comunidades y empresas extractivas.
Durante este mes, en Europa se desarrolla la campaña «Espinar no puede esperar» con la finalidad de exigir al parlamento europeo la aprobación de la Directiva de Debida Diligencia. Esta directiva puede abrir paso a la solución de problemáticas frente a la negligencia empresarial que explota recursos naturales sin efectivizar estándares de derechos humanos.
El proyecto de Directiva de Debida Diligencia de la Unión Europea será un instrumento que haga efectiva la protección de los derechos humanos contemplados en los convenios internacionales del cual el Perú es parte. Enfatizamos el derecho al medio ambiente libre de contaminación, incluso ante la gravedad y probabilidad de impactos/afectaciones se disponga de medidas prioritarias que eviten poner en situación de riesgo a las personas que habitan alrededor del proyecto extractivo.
Es importante que las empresas extractivas incorporen en su código de conducta los derechos humanos para ser respetados y garantizar su plena vigencia. Así como identificar riesgos sean estos de índole ambiental, social, cultural, económica y política, para ser atendidos en la reducción de sus impactos.
De acuerdo a la directiva las empresas deberán implementar procedimientos para atender demandas o solicitudes de atención sobre afectación de derechos humanos o el medio ambiente que esté vinculada con la actividad empresarial, ello no solo en Europa, sino con las empresas que son filiales en los Estados o que forman parte de su cadena de suministro.
LA ESPERANZA PARA ESPINAR
Tras largos años de lucha por ambiente y calidad de vida de las comunidades indígenas pertenecientes a la nación k’ana y personas afectadas por los impactos de la empresa extractiva, amparado en el principio precautorio. También lo podrán hacer los sindicatos o formas de organización de trabajadores de la cadena de suministro, así como las entidades de la sociedad civil.
Este podría ser el camino de esperanza para Espinar porque en esa misma provincia se ha concluido que las personas tienen en el cuerpo metales tóxicos que degradan su calidad de vida, así mismo se ha encontrado en los recursos hídricos presencia de esos metales, el medio ambiente está expuesto a contaminación derivado del material particulado (polvo), la falta de cumplimiento de acuerdos que se suscriben y la omisión de procesos de consulta – consentimiento previo libre e informado.
Volviendo a la campaña «Espinar no puede esperar», es importante resaltar la necesidad vinculante de implementar procesos de consulta – consentimiento, tener claro la aplicación del principio precautorio en cuanto a los riesgos ambientales e impactos negativos, considerar la cadena de valor en la cual se debe implementar el código de conducta, principalmente el ejercicio y protección de los derechos humanos aplicable a las naciones en la que se explota recursos naturales a través de empresas filiales y/o relacionadas con inversiones de la Unión Europea.
Es urgente que el Perú encaminemos una Ley de Debida Diligencia como parte del debate de las políticas públicas sobre las Empresas y Derechos Humanos, atendiendo a los impactos ambientales y al cambio climático acelerado urge establecer reglas que garanticen que los pobladores obtengan mejor calidad de vida y acceso a servicios básicos.
Artículo publicado en la revista Pulso Regional edición julio
