Por Oracio Pacori
Congresista de la República
El desarrollo económico que ha tenido el país en los últimos años ha estado sujeto a la expansión de las actividades extractivas, principalmente el sector minero e hidrocarburos. En otro extremo este crecimiento ha resultado ser negativo en las poblaciones y comunidades donde se focaliza la actividad extractiva que afecta su salud por la presencia de metales pesados, muchas veces acompañado de la transgresión de otros derechos.
En ese contexto, la presencia de metales pesados en las personas se convierte en un problema de salud pública, del cual el MINSA tiene conocimiento. Sin embargo, se requiere el desarrollo de políticas públicas por la alta demanda de atención prioritaria de los afectados.
Por otro lado, los efectos en las poblaciones han generado la organización y movilización de los familiares y los propios afectados solicitando atención. El problema no es aislado, sino que afecta a diversas zonas de nuestro país a nivel nacional, los casos emblemáticos son Cerro de Pasco (Pasco), La Oroya (Junín), San Mateo (Lima), Espinar (Cusco) o Cuninico (Loreto), San Román y Azángaro (Puno).
En el caso de Puno, mi región, la contaminación por metales pesados se genera por los residuos sólidos y la minería ilegal e informal, contaminando sobre todo las cuencas de ríos y así afectando la salud de las personas y también de sus animales.
Para hacer frente a esta demanda presentamos el proyecto de ley N° 2740 que plantea crear un registro único para los afectados por metales pesados y prioriza la aplicación de políticas públicas para atender a los y las afectadas con un protocolo adecuado, diferenciado según cada caso en cada una de las zonas con impacto.
Al dar a conocer los casos por afectación a la salud por metales pesados en la Comisión de Salud del Congreso de la República se llegó a un dictamen aprobado por mayoría donde se desarrolla con mayor amplitud las propuestas de nuestra iniciativa legislativa. El dictamen prioriza la urgente articulación intergubernamental e intersectorial como salud, ambiente y energía y minas. Además, para que sea declarado de interés nacional para su priorización por parte del Ejecutivo.
Nuestra propuesta del Registro Nacional es tener una base de datos permanente y unificada para saber dónde se encuentran y cuáles son los niveles de afectación de las personas contaminadas. Así se pueda garantizar la atención con una política integral, con un protocolo para garantizar estrategias del diagnóstico y tratamiento que permita tener programas de atención especializados según el tipo de metal de manera individualizada y comunitaria, de manera especial para los niños, madres y ancianos.
Desde el MINSA existen avances de un registro inicial donde hay más de cuatro mil personas afectadas con altos porcentajes de metales pesados. Este sector ha identificado varios metales como agentes contaminantes en las poblaciones cerca a zonas con actividades extractivas. Este proyecto sería un complemento otorgando un marco normativo para el registro y la atención adecuada con un protocolo. El 2019 este sector, debe ser fortalecido y contar con un presupuesto adecuado. Sin recursos suficientes, cualquier iniciativa quedará en buenas intenciones.
Para nosotros esta ley es trascendental, pues la mayoría de personas que viven en estos contextos no recibe la atención adecuada y pertenecen a los sectores pobres y excluidos. Es fundamental, para el desarrollo del país tener en cuenta el impacto de las diferentes actividades extractivas y que su presencia sirva para mejorar las condiciones de vida de toda la población. El desarrollo económico no puede significar que la salud y vida de la población sean postergados, cualquier efecto sobre los derechos fundamentales de la gente debe ser
priorizado•
