Yavi Yavi: ¿Qué hace el gobierno para solucionar el conflicto?

Por Martín López 

Área de Comunicación e Incidencia – DHSF

Ya es de conocimiento público que el pasado lunes se suspendió la reunión programada entre la comunidad campesina de Fuerabamba y la empresa minera Las Bambas. En este espacio de diálogo el Ejecutivo se mantiene como mediador.

La reunión debió empezar a las 11 de la mañana en las instalaciones del Gobierno Regional de Cusco, pero los comuneros nunca llegaron. Como hemos informado, Fuerabamba le está prohibiendo a la empresa minera ‘Las Bambas’, hace más de un mes, usar territorios de la comunidad (Vía nacional CU-135) para que transiten  vehículos transportando minerales. Así que la reunión tenía como punto principal solucionar esta problemática, que afecta directamente a la empresa minera, y que ha preocupado a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Es necesario señalar que en ningún momento se han realizado acciones de bloqueos y violencia cómo se viene difundiendo en algunos medios locales y nacionales.

Según el oficio que enviaron los representantes de Fuerabamba al Gobierno Regional de Cusco, decidieron no asistir al encuentro porque no se han cumplido los acuerdos de la reunión que tuvieron el último 7 de marzo en Lima, en las instalaciones del Viceministerio de Gobernanza Territorial. El Gobierno se había comprometido a la desclasificación de la vía nacional CU-135, y que pase a ser regional, además del estudio de impacto ambiental y la entrega del expediente técnico de la carretera en el fundo Yavi Yavi.

Por otro lado, señalaron que la renuncia de César Villanueva y la reestructuración del Consejo de Ministros también es una de las razones para no asistir. «No se puede realizar mientras no esté debidamente conformado el nuevo presidente del Consejo de Ministros, así como los miembros de su gabinete» señala textualmente el documento firmado por Gregorio Rojas, Presidente de la comunidad.

La comunidad ha solicitado que se le pagué 80 dólares por metro cuadrado por el territorio que hace uso la empresa minera, este monto haría un total de 30 millones 400 mil dólares, mientras que la empresa solo quiere compensarles con 50 mil soles por hectárea, haciendo un total de 1 millón 900 mil soles. Una diferencia grande que no permite llegar a consensos. «Eso no lo podemos aceptar por una razón simple: Es una vía pública nacional desde el año 2018» ha dicho ante la opinión pública el Viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina.

Lo que es cierto, y no lo ha señalado Molina, es que el conflicto ha iniciado justamente por la declaratoria de la carretera que atraviesa Yavi Yavi como vía nacional, sin consentimiento y consulta previa de las y los comuneros. Cuando la comunidad ha buscado explicaciones al gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y a la misma empresa minera, no han sabido justificar las razones para declarar la vía como tal. La sospecha de la comunidad es que, desde el gobierno, el objetivo es beneficiar a la empresa para que pueda transportar el mineral que exporta, afectando derechos fundamentales y generando afectaciones ambientales y territoriales a la comunidad de Fuerabamba.

Para ayer, miércoles, el escenario fue el mismo, a pesar de la solicitud de la comunidad de hacer la reunión en Yavi Yavi, se decidió convocar en el Gobierno Regional de Cusco, por obvias razones, la comunidad decidió no asistir. El conflicto parece agravarse, pues la empresa no pueda trasladar mineral hasta el Puerto Matarani (Final del Corredor minero del Sur) desde hace más de un mes. Han intentado hacerlo por una ruta alterna que pertenece a Paruro, pero las condiciones del territorio no son las idóneas.

Otro tema que agudiza el conflicto es la permanente declaratoria de Estado de Emergencia. Durante el 2018 se declaró en emergencia cinco veces consecutivas el corredor minero del sur. Desde Setiembre del 2018, el gobierno de Martín Vizcarra decide focalizar la emergencia en el distritito de Colquemarca, en donde se ubica el fundo de Yavi Yavi. Como lo señala los Decretros, la declaratoria es para un sector de la vía: ‘el Estado de Emergencia en parte del Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa, desde el kilómetro 130 (Ref. Sector Muyu Orcco) hasta el kilómetro 160 (Ref. Sector Tiendayoc), de la Ruta Nacional PE-3SY, que comprende el distrito de Colquemarca de la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial en mención’.

Esta medida aplicada para Apurímac, Cusco y Arequipa de declarar Estados de emergencia bajo la figura “preventiva”, ya se ha convertido en una hecho reiterativo, siendo contrario al respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia. A pesar de los esfuerzos de las comunidades y organizaciones sociales de base de generar espacios de diálogo, el Estado insiste en militarizar la zona para garantizar la producción minera. ¿Esta es la forma correcta de solucionar conflictos sociales? ¿Qué dirán después los medios de comunicación de los dirigentes que deciden defender sus recursos naturales? Exhortamos al gobierno a iniciar un proceso de diálogo que prime los derechos de nuestras comunidades indígenas y campesinas, que a diario se ven afectadas por las empresas transnacionales que hacen uso diario del corredor minero del sur.

 

 

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