Dictan prisión preventiva contra acusados de violar y asesinar a estudiante de turismo

Foto: Pulso Regional

Redacción DHSF

Mientras el país se sume en la crisis política y económica por el golpe de Estado en medio de la pandemia, los casos de violación sexual siguen en aumento. Esta vez, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Quispicanchi ordenó 9 meses de prisión preventiva contra dos sujetos por el presunto delito de feminicidio agravado por violación sexual.

La medida fue dictada contra los Youtubers del canal “Costumbres Cusqueñas”, Erwin Raúl Montesinos Kana (productor), y José Luis Fernández Berrio (presentador); y comparecencia con restricciones al taxista Darcy Ticona Flores (27), tras realizarse ayer una audiencia virtual que duró más de 8 horas.

El hecho materia de investigación ocurrió el sábado 7 noviembre, cuando la agraviada, identificada con las iniciales Y.A.T. (19), se encontraba a las 2:30 de la madrugada en la avenida La Cultura, cerca al paradero forestal del distrito de San Jerónimo, región Cusco. Según declaraciones de Montesinos y Fernández al Ministerio Público, la agraviada acepta la invitación de acompañarlos a la Montaña Siete Colores, distrito Cusipata, y se sube al vehículo con ellos. Sin embargo, para Soledad Huamán, activista del colectivo Ni Una Menos Cusco, es imposible que la joven haya subido con su consentimiento, pues no conocía a los sujetos. “Ninguno de los sujetos era amigo o conocido de ella. Existe la sospecha que haya sido un secuestro”, declaró.

Montesinos y Fernández desempeñan actividades culturales en la ciudad de Cusco; por lo que, tenían programado realizar un reportaje de la ruta hacia la Montaña Siete Colores. En esas circunstancias, contratan a Ticona para que brinde el servicio de transporte a bordo del vehículo, placa de rodaje F2F-540, donde también viajó Y.A.T.

El trayecto que hizo la unidad desde San Jerónimo hasta la Montaña Siete Colores genera indignación a la activista Soledad Huamán, quien expresó que la Policía en pleno toque de queda permitió la circulación de dicha unidad. “El carro pasó por varios puestos controles, por ejemplo, San Sebastian, Saylla, Oropeza, Quiquijana. No puede ser posible que haya pasado el vehículo por todos esos puestos y nadie lo haya detenido. Ya están aperturados los centros turísticos y en la Montaña de Siete Colores debió haber seguridad, al menos uno o dos policías. Niñas o jóvenes podrían ir a morir a un centro turístico y no hay seguridad”, sentenció.

De acuerdo al expediente de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Quispicanqui, en un lugar desolado del sector de Puñacancha Llapta, Montesinos y Fernández aprovechando de su condición física y que eran dos personas, ultrajan a Y.A.T., estudiante de turismo. Luego la victimaron propinándole golpes en diversas partes del cuerpo para después dejarla abandonada. El taxista Ticona tenía conocimiento de los hechos.

Los imputados luego retornaron al sector de la explanada arguyendo la coartada de que habían perdido de vista a la estudiante mientras realizaban trabajos de filmación y fotografía sin llegar a ubicarla, según la tesis fiscal. Seguidamente, acudieron a la comisaría y presentaron una denuncia por desaparición . Al día siguiente, los familiares de Y.A.T. iniciaron la búsqueda, pues desde el sábado en la mañana no sabían del paradero de la joven, quien el viernes en la noche fue a la vivienda de su enamorado con el permiso de sus padres. Aún es materia de investigación la razón por la cual la agraviada sale en la madrugada de la casa de su enamorado.

Según Huamán, los policías no brindaron apoyo a sus familiares en la búsqueda bajo el argumento que tenía que pasar 24 horas desde que se conoce la desaparición. Finalmente, la propia madre de  Y.A.T. halló el cuerpo de su hija en el sector denominado Patahuasa de la comunidad de Chillihuani. Posteriormente, la familia llamó a los agentes de la Comisaría de Quiquijana para informar sobre el hallazgo. “Como colectivo exigimos justicia”, manifestó Soledad Huamán.

Tanto Montesinos como Fernández y Ticona son imputados como presuntos coautores de la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio agravado por violación sexual. El Ministerio Público solicitaría 30 años de pena privativa de libertad.

Este es el segundo caso de violación grupal que se conoce en nuestra región. El mes pasado, a través de los medios de comunicación, se difundió el caso de una ciudadana, de 54 años, en Poroy, quien tuvo que pasar por tres cirugías debido a las heridas y lesiones causadas por la violación grupal. No se descarta que hayan más casos de violencia sexual cuyas víctimas tienen miedo a denunciar.

 

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