Por Martín López
Comunicación e Incidencia DHSF
Javier Jahncke, es el actual Secretario Ejecutivo de la Red Muqui, un espacio que articula a 29 instituciones que trabajan para garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Este año, el acompañamiento a las personas afectadas por metales tóxicos en contextos extractivos ha empezado a tener frutos, sin embargo son logros que aún pueden ser más grandes.
Javier, ¿Cuál es tu balance de los logros de la Red en cuanto a la problemática de los metales tóxicos?
Yo creo que un tema importante este año fue la consolidación de la Plataforma Nacional de Afectados en Salud por Metales tóxicos, en la cual se generó una discusión con las personas afectadas de nueve zonas del país, fueron ellos quienes proponen que se deba aprobar una Política Nacional para atender la situación de los afectados. Otro momento a destacar fue que el Estado haya aceptado recibirnos, donde la Plataforma pudo explicar y detallar a representantes del Ministerio de Salud su situación y sugerencias. Sin embargo hay que ser francos, y señalar que la sugerencia de una Política Nacional fue aceptada gracias a la presión de los afectados de Cerro de Pasco, quienes decidieron tomar las instalaciones del MINSA hasta que los atiendan.
Podemos decir que ha sido un año de logros simbólicos entonces…
Habría que señalar que solo se han emitido lineamientos de una Política Nacional, que consideramos que es un avance importante, sin embargo es necesario que se den pasos más concretos y con mayor impacto, si bien es cierto se ha dado un primer paso, hay una deuda pendiente aún. Además, otro aspecto muy cuestionable, fue que desde el Estado se quiso hacer énfasis a los contextos minero en las zonas andinas, dejando de lado la problemática amazónica y los impactos de los hidrocarburos, incluso en un mapeo nacional, las comunidades afectadas por derrames de petróleos no estaban incluidas.
Pero el Estado no incluyó a la Sociedad Civil para la creación de estos lineamientos
Es cierto, había participación de todas las instancias competentes del Estado, pero no existía participación de la sociedad civil y de las organizaciones de las zonas afectadas por metales tóxicos. De alguna manera, la incidencia de la Red Muqui y de todos los asesores técnicos de la Plataforma Nacional, logramos que los propios afectados presenten sus propuestas, las cuales han sido tomadas en cuenta, lo que nos preocupa es que aún el Estado no entienda que esta problemática debe tener un enfoque inter institucional, el Ministerio de Salud, no solucionará nada sino involucra a otros ministerios, e incluso involucrar a gobiernos locales y regionales, todo lo que afecta el ambiente, afecta a la salud de las personas, y bajo esa lógica debemos pensar las soluciones con una mirada intersectorial, así que nos toca hacer el seguimiento para que estos lineamientos se canalicen de manera efectiva y articulada.
Al parecer no es prioridad del Estado atender esta problemática
El Estado no ha asumido el rol de garantizar derechos, por encima de las grandes inversiones, no se trata de tapar u ocultar la contaminación ambiental y no establecer nexos causales con actividades económicas como la minería, que finalmente termina generando impactos en la salud y en las personas, y el Estado debería saber responder y establecer las responsabilidades que corresponden desde las empresas, afectando derechos fundamentales a las comunidades que viven en torno a los proyectos extractivos.
Otro tema que ha surgido en el año es la iniciativa legislativa de Oracio Pacori sobre la necesidad de tener una línea de base o registro de personas afectadas en todo el Perú
El tema del registro es fundamental, porque nos ayudará a evidenciar que personas viven con alto riesgo y por tanto quienes necesitan priorizar su atención, sin embargo el miedo que tenemos es que este registro limite la atención, porque el problema es endémico, por ejemplo la atención en zonas como Espinar o Cerro de Pasco, no debe circunscribirse a las personas inscritas o que puedan demostrar que viven con metales tóxicos en sus cuerpos, sino a toda la población, porque conviven en una zona de riesgo ambiental, con la presencia de actividades extractivas continuas y que contaminan el aire, el agua y el suelo, entonces la responsabilidad del Estado y de las empresas deberá ser facilitar una atención continua, periódica y especializada. El registro nos ayudaría a determinar poblaciones con alto riesgo, pero la atención deberá ser a toda la población en general, porque viven en una zona de influencia extractiva.
¿Y cómo están respondiendo las empresas ante las exigencias de las comunidades afectadas?
La atención a las personas afectadas por metales tóxicos debería ser parte de lo que llamamos internalización de los costos de las actividades mineras, es decir, definir cómo y dónde las empresas están asumiendo los costos de la atención periódica a las personas que viven en sus zonas de influencias, no vayan a decir después que, cómo no existe un nexo causal entre la minería y el posible impacto, pues no están asumiendo esa responsabilidad, cuando por el hecho que las personas afectadas viven en las zonas donde explotan recursos, los costos de atención deberían ser asumidas por las compañías.
Ante esta situación, en que las empresas y el mismo Estado no actúan ¿Cómo están respondiendo u organizándose las regiones afectadas?
Una de las recomendaciones que hemos hecho desde La Plataforma Nacional de Afectados, es la promoción de monitoreos ambientales participativos, estos procesos han sido recogidos para los lineamientos de la Política Nacional, como mecanismos que aportan a la implementación de alertas tempranas en áreas de vulnerabilidad respecto a impactos en salud por metales tóxicos, ha sido resaltado este tema, así que nos toca impulsar el fortalecimiento y el reconocimiento de los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental que están creciendo en Cusco, Puno, Cajamarca, La Libertad y en otras regiones del país.
Javier, a partir de lo que hemos conversado ¿Cuáles serían las apuestas o desafíos para el nuevo año de la Red Muqui en esta problemática de metales tóxicos?
Un tema central es que los lineamientos de la Política Pública, recientemente publicados por el MINSA, se conviertan en acciones concretas, que se efectivicen con presupuestos, plazos, responsabilidades, y sobre todo que el Estado tome en cuenta a las organizaciones de afectados, con una participación activa, que en las decisiones y acciones que realicen, los incluyan. Otra apuesta es incidir en la prevención, lo que se viene es el seguimiento a la población afectada a través de un programa de prevención de parte del Ministerio de Salud, especialmente a los grupos humanos más vulnerables, creo que en esos puntos vamos a incidir, y no solo con el MINSA, sino con todos los ministerios y entidades competentes. Creo que un tema central es priorizar la vida y la salud de las personas y no solamente el negocio minero, de lo contrario vamos a seguir con esta problemática y generando nuevos conflictos sociales•
